La tarde de este miércoles 27 de agosto de 2025, en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayaquil, se desarrolló la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra cinco personas detenidas por su presunta participación en un secuestro extorsivo.

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En la diligencia, presidida por un juez de garantías penales y con la intervención de la Fiscalía, se declaró legal la aprehensión, realizada dentro del plazo de 24 horas.

Los procesados fueron identificados como Edgar Ramiro Medina Quinatoa, Leslie Leonor Lalama Merchán, Emily Gabriela Agusto Santana, Roger Iván Criollo Sánchez y Braulio José Carranza Herrera. Todos enfrentan cargos por secuestro extorsivo, delito en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Prisión preventiva contra los detenidos

El juez acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los cinco procesados, ordenando su traslado al Centro de Rehabilitación Social de Varones y al Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, según corresponda. Dispuso además 90 días de instrucción fiscal y la aplicación de medidas de protección para la víctima, el denunciante y su hija, incluidas boletas de auxilio.

Durante la audiencia, las defensas alegaron que no se individualizó la participación de los procesados, que no existen pericias gráficas que los identifiquen y que no se evidenció participación femenina en el hecho. No obstante, el juez consideró que se trata de un delito flagrante y continuado, con evidencias suficientes y alto riesgo de fuga por la gravedad de la pena.

El rol de la empleada del gimnasio

Uno de los elementos más llamativos fue la presunta implicación de una trabajadora del gimnasio de Ceibos, donde ocurrió el secuestro el 5 de junio.

Según la Fiscalía, desde el celular de la empleada se realizaron llamadas a los familiares de la víctima para exigir el rescate, lo que la ubicaría como coautora del delito.

La investigación sostiene que la víctima llegó al gimnasio a las 05:30, cuando cuatro sujetos armados ingresaron, la obligaron a salir y la subieron a un vehículo. Luego, los secuestradores pidieron 50.000 dólares para liberarla y, como presión, enviaron un video en el que se mostraba el cercenamiento de uno de sus dedos, además de proporcionar un número de cuenta para el depósito.

Un pariente entregó 2.000 dólares, pero tras la difusión del caso en redes sociales, la víctima fue liberada y abandonada cerca de un motel en la vía a Daule.

La denuncia permitió a la Fiscalía iniciar una investigación junto con la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), que revisó cámaras de seguridad e identificó características del vehículo y de los sospechosos.

La versión del gimnasio

El administrador del gimnasio aseguró que confían en la inocencia de la empleada señalada.

“Ella trabajaba con nosotros desde hace ocho meses, es una persona responsable y tranquila. La Fiscalía la vincula porque desde su celular se hicieron llamadas, pero ese día los secuestradores se llevaron los teléfonos de todos los presentes. La familia ya contrató un abogado y nosotros la respaldamos”, expresó el vocero.

Agregó que la trabajadora se quedó en el lugar en estado de shock tras el secuestro y que el celular nunca apareció, por lo que creen que fue usado por los delincuentes.

Lo que sostiene la Fiscalía

Sin embargo, el fiscal del caso explicó a este Diario que la mujer no solo habría sido utilizada de manera circunstancial, sino que mantenía un rol activo dentro de la organización delictiva, presuntamente vinculada a la banda de Los Tiguerones, asentada en el sector de La Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil.

De acuerdo con la investigación, la empleada habría perfilado a las víctimas, recopilando información sobre su actividad económica, nivel de ingresos, bienes, vehículos y vida familiar durante las conversaciones que mantenía en el gimnasio.

“Era una coautora que perfilaba a los clientes para facilitar la labor de los secuestradores. Les enviaba datos, fotografías y hasta detalles de los vehículos en los que se movilizaban”, sostuvo el fiscal del caso.

El fiscal añadió que una de las mujeres procesadas habría intentado obtener medidas sustitutivas argumentando tener una enfermedad catastrófica (VIH), pero la petición fue rechazada.

Por su parte el fiscal César Peña exlicó que de acuerdo a la última reforma al COIP del 12 de julio de 2024, la pena para el secuestro extorsivo con agravantes es de 28 años y 5 meses, y si la víctima fallece puede llegar hasta los 40 años de prisión.

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