El caso del empresario Édison Antonio Díaz Rodríguez, de 44 años, ha generado conmoción y cuestionamientos en Guayaquil. La tarde del domingo 20 de julio, el hombre murió durante un operativo policial en el sector del Guasmo, al sur de la ciudad. Su familia asegura que no era un delincuente y que habría intentado huir por miedo, al no comprender lo que ocurría.

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Según la versión oficial, emitida por el teniente coronel Jimmy Mena, jefe subrogante del distrito Sur, el incidente se originó tras una alerta sobre un vehículo marca Jetour, con placas de la provincia del Guayas, que presuntamente habría atropellado a varias personas en el sector. A raíz de esta notificación, se activó un operativo para interceptarlo y evitar mayores riesgos para la ciudadanía.

De acuerdo con la Policía, el vehículo habría estado involucrado en al menos cuatro atropellamientos y otros accidentes de tránsito mientras circulaba por el sur de la ciudad. Esta situación, afirmaron, representaba una amenaza "letal e inminente", por lo que se procedió al uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, los familiares de Díaz niegan rotundamente esta versión. “Mi padre no era un delincuente. Huyó porque probablemente se asustó, no entendía lo que pasaba. Ahora lo acusan de atropellar personas, pero ¿dónde están las pruebas?”, cuestionó uno de sus hijos.

Estas son las tres principales dudas que rodean el caso:

• ¿Existieron realmente las víctimas por atropellamiento, como afirmó la Policía?

• ¿Por qué el conductor no se detuvo si no tenía nada que ocultar?

• ¿Actuaron los uniformados de forma proporcional o se trató de un uso excesivo de la fuerza?

Ante estas interrogantes, la familia ha convocado a una rueda de prensa para este miércoles 23 de julio. En el encuentro, según un boletín enviado a esta redacción, presentarán material audiovisual que presuntamente contradice la versión policial y compartirán testimonios de testigos presenciales.

“Este acto tiene como finalidad exigir justicia, visibilizar la verdad y denunciar públicamente una grave violación a los derechos humanos”, señala el comunicado de los allegados.

El caso ha encendido un nuevo debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de la Policía y la urgencia de establecer mecanismos independientes de investigación cuando un ciudadano muere durante un procedimiento de esta naturaleza.

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