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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz.archivo

Escenarios legales de Pabel Muñoz en la audiencia del 26 de agosto: ¿qué puede pasar?

El alcalde Pabel Muñoz enfrenta audiencia por presuntas expresiones ofensivas en el marco de un proceso de revocatoria

Para el martes 26 de agosto de 2025 está agendada la audiencia de juzgamiento contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, específicamente en la Sala de Audiencias N.° 8.

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El proceso responde a una denuncia presentada por Néstor Marroquín, promotor del mecanismo de revocatoria de mandato, quien acusa al alcalde de haber emitido declaraciones ofensivas en su contra durante una entrevista realizada en mayo pasado.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, enfrenta proceso en la justicia.archivo

En esa intervención, Muñoz advirtió a la ciudadanía que tuviera precaución respecto a las personas que impulsaban la revocatoria, señalando que el promotor había enfrentado anteriormente una sentencia penal. Para Marroquín, estas afirmaciones lesionan su honra y buscan desacreditarlo en su rol de activista.

El alcalde, por su parte, confirmó que asistirá a la diligencia y que ejercerá su derecho a la defensa, aunque puso en duda la validez de la acusación. Según explicó, sus comentarios no se dirigieron hacia una persona en particular, sino a una crítica general. “Si alguien se siente aludido por algo que no lo nombra directamente, tiene la opción de acudir a la justicia”, puntualizó.

¿Qué pasará con Pabel Muñoz?

Respecto al desenlace del caso, Marroquín explicó que si el alcalde presenta disculpas públicas y estas son aceptadas, se podrá firmar un acta de conciliación que pondría fin al proceso. Sin embargo, si no se alcanza un acuerdo, el juicio continuará hasta que el juez emita una resolución definitiva.

La denuncia se ampara en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de entre 15 y 30 días de prisión para quienes profieran expresiones deshonrosas a través de medios de comunicación. Además, el denunciante solicita una reparación integral por los daños que asegura haber sufrido en su imagen y reputación pública.

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