En Quito, la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador hizo su rendición de cuentas ayer, luego de cinco meses de suscribirse las competencias que deberá cumplir. Bernarda Ordóñez, líder de esta cartera estatal, dijo que entre las funciones está evitar casos de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes.

Aquel evento fue algo particular porque se hizo luego de cuatro días de que una joven de 28 años, llamada Abigaíl Yupangui, fuera asesinada supuestamente por su expareja. Y no solo eso. Ayer también estaba previsto que al sospechoso le notificaran -recién- con una boleta de alejamiento por episodios de agresión anteriores.

En ese contexto, para Itania Villarreal, especialista en rehabilitación social penitenciaria, las boletas son documentos que tendrían que blindar de alguna manera a la víctima de violencia.

“Las autoridades que reciben estas denuncias tienen la responsabilidad social de atenderlas de forma oportuna e inmediata”.

La indolencia

Durante la rendición de cuentas, las autoridades explicaron que se han realizado gestiones en pro de parar la violencia. Una de estas sería contar con el presupuesto adecuado: 24 millones de dólares, de los cuales 5 millones están destinados a la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Emilia Cisneros, encargada de esa área de la secretaría, manifestó que además se diseñará el Registro Único de Violencia (RUV) para “tener mejores datos y prevenir más muertes”.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y defensora de los derechos de las mujeres, especificó que esto no es nuevo, porque en 2018 todo esto ya estuvo consolidado. “Lo del presupuesto es para el período presidencial y de ese número ya se han gastado 11 millones de dólares”.

Para la especialista, lo verdaderamente indignante son los casos que se siguen dando como el de Yupangui. Gómez de la Torre conoció de este crimen y endilgó al Estado de que también era responsable de ese hecho violento.

“Hay indolencia, omisión e incompetencia para tratar los casos de violencia. Esa es la muestra de que las entidades estatales no son capaces de proteger a las ecuatorianas”, finalizó luego de criticar la falta de acción para proteger a Yupangui.