La supuesta existencia de varios muertos que se habrían registrado durante las jornadas de protesta en contra del decreto 883 relacionado con la liberación de precios de el diesel y la gasolina extra indignó a la dirigencia indígena reunida en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin precisar nombres ni circunstancias, los dirigentes responsabilizaron al gobierno del presidente Lenín Moreno y demandaron la devolución de sus muertos.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado la existencia de cinco fallecimientos pero ha aclarado las circunstancias de los decesos. Se trata un manifestante atropellado en Cuenca por un conductor que buscó abrirse paso durante un cierre de carretera.

El propio accionar de los manifestantes retardó el arribo de la ambulancia para brindarle los primeros auxilios. Los otros tres muertos se registraron en un confuso incidente que está en investigación. Ocurrió cuando las tres personas cayeron de un puente en San Roque.

Sobre este caso se presentaron dos hipótesis. La una atribuye la responsabilidad a los policías de, supuestamente, haberlos arrojado desde el puente y la otra señala que se trató de una persecución y que ellos cayeron. En este caso también se denunció que la obstrucción de los manifestantes impidió que una ambulancia llegue al sector con los primeros auxilios.

El último caso denunciado por el dirigente Manuel Chugchilán se refiere a Segundo Inocencio Tucumi Vega. Según el reporte al que tuvo acceso EXPRESO, se trata de un paciente de 48 años que el 9 de octubre habría ingresado a una casa de salud pasadas las 19:00.

Fue llevado por rescatistas que reportaron que la víctima habría caído de aproximadamente dos metros de altura, sin especificar las circunstancias. Fue diagnosticado con un Trauma Cráneo Encefálico grave. El paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció después de poco más de una hora.