El intento del correísmo por abrir un debate legislativo en torno a los contratos eléctricos firmados con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) fracasó este martes 11 de junio de 2025, durante la décima sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. La moción presentada por el legislador Blasco Luna, que buscaba modificar el orden del día, no alcanzó los 77 votos necesarios para su aprobación, debido a la negativa del oficialismo y sus aliados.

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Luna, miembro del movimiento Revolución Ciudadana, argumentó la necesidad de fiscalizar la actuación de entidades estatales como Celec en la contratación de energía térmica, en medio de la crisis energética que afecta al país. El legislador puso en tela de juicio la legalidad y transparencia de los contratos firmados, particularmente en el caso de la empresa ATM y su participación en la Central Esmeraldas III.

“En relación al contrato de Esmeraldas, la empresa adjudicada trae generadores que no tienen las características técnicas. Implica 40 millones de dólares para poner en funcionamiento un contrato mal suscrito y mal firmado”, señaló Luna ante el Pleno.

Según el legislador, los equipos enviados por ATM no cumplían con los requerimientos técnicos establecidos, lo que derivaría en un sobrecosto millonario para adaptarlos. La empresa, sin embargo, anunció que asumirá los gastos por el reemplazo de 30 alternadores, en un intento por corregir el problema.

¿Qué ocurre con Progen y por qué el caso llegó al arbitraje internacional?

El otro eje del debate frustrado gira en torno a Progen, una empresa estadounidense que firmó contratos con el Gobierno ecuatoriano para proveer 150 megavatios (MW) de generación térmica en las plantas de Quevedo y Salitral. El Ejecutivo, sin embargo, decidió terminar unilateralmente estos contratos, lo que escaló el conflicto a instancias internacionales.

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, confirmó que la empresa fue notificada formalmente de la decisión, y tiene un plazo de 10 días para responder. Frente a esta acción, Progen presentó una solicitud de arbitraje de emergencia, iniciando así un proceso ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.

Este enfrentamiento legal podría acarrear consecuencias económicas y jurídicas para el Estado, en caso de que el laudo arbitral no le resulte favorable.

¿Por qué no se aprobó el debate en la Asamblea?

Pese a la gravedad de las acusaciones y al interés de fiscalizar estos procesos, la propuesta de Blasco Luna no prosperó por falta de apoyo legislativo. El bloque correísta no logró reunir los 77 votos mínimos requeridos para modificar el orden del día, y el oficialismo, junto con sus aliados, votó en contra, cerrando la puerta a una discusión pública en el Pleno.

La intención de Luna era convocar a comparecencias de los responsables de la firma de los contratos para que rindieran cuentas ante la Asamblea. Al no abrirse el debate, también se truncó la posibilidad de iniciar un eventual proceso de fiscalización formal.

La decisión ha generado cuestionamientos por parte de sectores opositores, quienes consideran que se trata de una maniobra política para evitar la exposición de presuntas irregularidades en el manejo de la crisis energética.

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