La Fiscalía del Guayas informó este 11 de noviembre que fijó dos contratos correspondientes a compra de insumos médicos con aparente sobreprecio, por más de un millón de dólares en Hospital Los Ceibos del IESS.

 El fiscal del caso, César Suárez, explicó a EXPRESO que se investiga un presunto peculado en dos contratos, uno de $ 900 mil, donde existe un posible perjuicio al Estado de $ 300 mil y otro de más de un millón donde existe un perjuicio de alrededor de $ 700 mil.

Son procesos de 2019, cuando estaba de gerente de la entidad Susana Mera. En el caso, explica el funcionario, se investiga a la directora de la época, los miembros de la Comisión Técnica, los proveedores por el presunto delito de peculado, que sanciona el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena de 2 a 13 años en caso de llegar a sentencia, adelanta.

La Fiscalía abrió la investigación apenas tuvo conocimiento de un informe emitido por Contraloría, hace unos cuatro meses. Suárez indica que fijar dos contratos implica el reconocimiento del lugar de los hechos y custodia y embalaje de los documentos utilizados en esa contratación.

El caso está en investigación previa y se dispondrá la práctica de varias diligencias, como una pericia contable que confirmará los montos de perjuicio que estipuló Contraloría y un examen del proceso de contratación pública que indague si se cumplió o no la normativa.

El informe con indicios de responsabilidad penal que abrió esta investigación fue realizado por Contraloría desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de abril de 2020. El documento, que el fiscal cedió a este medio, concluye, entre otros puntos, que una de las compañías involucradas declaró cero impuestos en 2018 y 2019, pese a que del segundo año se presentó un factura de más de un millón de dólares, como parte de la documentación para acceder a la acreditación.

Están involucradas las compañías Plusbuilder y la inmobiliaria Haaretzcorp, que presentaron un patrimonio de $ 800, aunque el parámetro solicitado para la participación debía ascender de los $ 120 mil.

Adicional a esos detalles, entre una larga lista de otros parámetros, el documento de Contraloría observa que ambas empresas ingresaron sus ofertas desde la misma dirección IP, de acuerdo a un peritaje de funcionarios del Sercop.