La tarde del lunes 8 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado presentó la apelación a la decisión de la jueza Daniela Ayala, quien había negado la prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán.

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La fiscal del caso, Ana Hidalgo, fue la encargada de ingresar la apelación en el sistema de la Función Judicial, argumentando la necesidad de asegurar la comparecencia de los procesados en el juicio por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Los cuatro procesados en la causa

El caso, que conmociona al país desde el 17 de agosto de 2023, tiene como procesados a:

• Daniel Salcedo, sentenciado previamente en cinco procesos por corrupción, actualmente preso.

• Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, prófugo en el extranjero, cuya última ubicación pública fue en Venezuela.

• José Serrano, exministro del correísmo, detenido en Estados Unidos por temas migratorios.

• Xavier Jordán, empresario radicado en Miami, actualmente en libertad.

El pasado 3 de septiembre de 2025, la jueza Ayala resolvió dictar prisión preventiva solo para Salcedo y Aleaga, mientras que a Serrano y Jordán les concedió medidas alternativas.

La decisión generó polémica, ya que ambos residen en el exterior. Para ellos, la jueza estableció la presentación periódica en el Consulado de Miami, con la condición de que Serrano lo haga una vez obtenga su libertad en Estados Unidos.

Posiciones enfrentadas

La defensa de Xavier Jordán pidió al tribunal no aceptar la apelación presentada por la Fiscalía, alegando que ya existen medidas cautelares suficientes.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que la gravedad del caso y la condición de procesados fuera del país justifican la aplicación de prisión preventiva para garantizar el desarrollo del proceso judicial.

Un caso que marcó al Ecuador

El asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, se produjo el 17 de agosto de 2023, durante un mitin político en Quito. El crimen, perpetrado a plena luz del día, generó conmoción internacional y abrió múltiples líneas de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en la política ecuatoriana.

Actualmente, la Fiscalía avanza en la fase judicial contra los presuntos autores materiales e intelectuales, con la mira puesta en las conexiones políticas y económicas que rodearon el atentado.

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