El agente civil y los dos fiscalizadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que son procesados por la Fiscalía, por el delito de concusión, habrían pedido dinero al conductor de un bus para no llevarse el vehículo.

Por si fuera poco, los tres habrían tratado de negar el cometimiento del hecho. Sin embargo, una fundación que monitorea las unidades logró advertir a las autoridades sobre el presunto ilícito. Esto a pesar de que el dueño del bus habría accedido al pago para evitar que retengan el automotor.

El 12 de junio, el agente de tránsito y los fiscalizadores tenían la orden de verificar el uso de paradas de taxis y si se encontraban en funcionamiento dentro de las jurisdicciones marcadas para este tipo de servicio, en las afueras de la parroquia de Tumbaco, al oriente de Quito.

Así ocurrió el delito

Pese a esta disposición, los implicados se habrían ubicado en un tramo de la avenida Oswaldo Guayasamín para ‘cazar su presa’. Es entonces que detuvieron a una unidad que cubre la ruta hacia Yaruquí .

En el expediente del caso se menciona que el agente de tránsito se acercó a la ventana del conductor y le habría dicho que no puede circular con el tubo de escape a un costado, porque esto infringía una ordenanza pública y le solicitó estacionarse a un lado de la vía donde estaban los fiscalizadores, dentro de una camioneta de la AMT.

Luego de pedirle los documentos al chofer, el agente se acercó al ayudante y le indicó que por esa infracción debían retener el vehículo y que para sacarlo tenían que cancelar cerca de 600 dólares con todos los papeleos que esto implica, se añade en la documentación.

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Para evitarse este ‘trajín’, el uniformado les habría solicitado 300 dólares. Luego, supuestamente pidió a los pasajeros que bajaran y se subió al bus. De ahí, habría pedido al chofer que se dirigiera al sector de La Moyita. En el camino, el asistente llamó al dueño de la unidad, quien se acercó a un punto de encuentro donde presuntamente entregó el dinero.

Cómo denunciaron el hecho

A la par, la directora de una fundación que monitorea las actividades de los buses conoció del caso y lo denunció a la Policía Judicial. Agentes de la institución llegaron minutos después de la transacción y detuvieron a los sospechosos.

Durante la audiencia de formulación de cargos, los implicados negaron haber solicitado dinero al conductor o al propietario del autobús. Según su versión, ellos realizaban un recorrido desde la parroquia de Tababela a Nayón y, cuando pararon en un lugar para utilizar el baño, los habrían detenido los policías. “No nos leyeron nuestros derechos y nos subieron al patrullero”, dijo el agente de tránsito en la diligencia.

Este último también señaló que el dinero que tenía en su poder era producto de la venta de un negocio que tiene con su esposa porque, al parecer, se dedican al comercio.

Los sujetos serán investigados por 30 días, por el delito de concusión y deberán presentarse periódicamente ante la autoridad hasta que se resuelva el caso. Además, desde la AMT informaron que se abrió una investigación interna para determinar responsabilidades.

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