Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 26, suscrito este 13 de junio, el presidente Daniel Noboa extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 el período de liquidación de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador (FEEP). La disposición legal encomienda al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la gestión del traspaso formal de todos los activos, obligaciones financieras y procesos judiciales activos.

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El proceso, que cumple cinco años desde su anuncio por el expresidente Lenin Moreno, forma parte de una estrategia de austeridad para reducir el déficit público durante la emergencia sanitaria. Ferrocarriles del Ecuador figuró entre las ocho empresas públicas seleccionadas para su desmantelamiento.

Una vez completada la transferencia de activos y pasivos, el liquidador deberá gestionar la cancelación definitiva de todos los registros legales de la empresa, incluyendo el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el Registro Único de Proveedores (RUP), número patronal y cuentas bancarias en el Banco Central del Ecuador.

Según consta en el decreto, el 7 de mayo de 2025 el representante legal presentó un informe técnico que fundamentó la solicitud de ampliación del plazo. Cabe recordar que el proceso de extinción, iniciado el 19 de mayo de 2020, sigue pendiente debido a múltiples prórrogas requeridas por la complejidad del caso.

Tres municipios firman convenios para rehabilitar dos tramos del ferrocarril

Pese a que la liquidación de Ferrocarriles del Ecuador aún no concluye, dos rutas turísticas retomarán operaciones en 2025. Una de ellas es el emblemático tramo Alausí-Sibambe (12 km), famoso por su recorrido en la Nariz del Diablo, ubicado en la provincia de Chimborazo, en la región centro-andina del país.

El segundo tramo corresponde a la ruta Ibarra - Andrade Marín en Imbabura, un recorrido de 13 kilómetros popularmente conocido como Tren a la Fábrica, que forma parte de los trayectos reactivados.

El Ministro de Transporte Roberto Luque, detalló que la reactivación de estas rutas fue posible gracias a acuerdos con los municipios de Alausí, Ibarra y Antonio Ante. Los gobiernos locales se encargarán de la gestión operativa, mientras que el MTOP realizó aportes económicos para su puesta en marcha.

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