“En la pandemia tuvimos que aprender bioseguridad, ahora, por la delincuencia, nos toca tener conocimiento de ciertas tácticas, tomar cursos de manejo de uso de armas, identificar amenazas”, manifiesta Danilo Montenegro (45 años), quien vive en Urdenor 2 (norte de Guayaquil) hace más de dos décadas.

El residente cuenta que hace dos meses llegaba a su casa, con sus hijos y frente a su parqueadero vio que tres hombres apuntaban al guardia, no le quedó de otra que irse de largo con su descendencia para evitar que los asalten.

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Montenegro revela que más de 200 familias habitan en la zona y que por casa han vivido de 4 a 5 eventos delictivos. Es decir, uno o varios parientes han sido víctimas de la delincuencia. 

La situación que acabó con su paciencia fue, según Rory Sangster, vicepresidente del bloque B de la ciudadela y vocero de los residentes, el secuestro de dos de sus vecinos, por eso decidieron ‘hacer la vaca’ y poner portones, los cuales han causado conflicto entre los moradores de la urbanización y un centro empresarial de la zona. Los últimos aseguran que no pueden transitar en sus vehículos con libertad.

Sangster señala que antes de las rejas tenían un promedio de 10 robos diarios en su calle, con el portón se redujeron a cero. El líder barrial relata que en estos días vio el carro de una vecina con los vidrios abajo, al día siguiente lo encontró igual.

“Le dije: ‘Vecina, sé que estamos seguros, pero no nos confiemos’. Antes los antisociales nos cogían cuando parqueábamos y si no parábamos nos disparaban”, indica.

Delia Pérez lloró con solo hablar de la situación. “Mis hijos me han dicho que venda la casa, pero allí tengo recuerdos, aquí nació mi último hijo”, expresa la mujer, quien ha morado en la zona por 40 años.

“A mi hijo me lo apuntaron afuera de la casa. Otro día se le robaron la moto, al pie de nuestra vivienda”, rememora con tristeza Pérez.

El conflicto lo estaría mediando el Municipio de Guayaquil y el 18 de octubre, en un enlace radial, el alcalde Aquiles Álvarez se refirió sobre el tema de los portones ubicados en la ciudad. “No queremos llegar a un barrio que se siente vulnerable ante la seguridad y que por la falta de acciones y respuestas de las autoridades toma medidas. No podemos llegar y romper las puertas, no podemos ser insensibles con el ciudadano”.

“Que nos dejen salir”, es el pedido de Loreley Jiménez, administradora del parque empresarial. Dice que no piden que saquen todas las puertas, solo las internas; es más menciona que se pondría un guardia para que pueda abrir la puerta al personal que sale de sus instalaciones.

“Ellos no quieren negociar, quieren que sea una ciudadela cerrada. Son jueces, abogados, ¿no sé en qué momento el pueblo puede más que las leyes y el Municipio?”, declara.

Hay dos salidas del centro empresarial, una es por la avenida Rodrigo Chávez, la otra por la parte trasera, la zona en disputa, la cual para los residentes de la urbanización es una calle ilegal, pues indican que este punto se lo convirtió en vía, cuando debió ser considerado para vivienda.

Para el doctor en jurisprudencia Carlos Morales, magíster en Derecho Constitucional, especialista en Ciencias Penales y docente universitario, hay un choque de dos derechos constitucionales: el de la libre movilización y tránsito; y el de la vida, la integridad personal y el derecho a la propiedad.

“La autoridad tiene que ponderar qué derecho es el que más pesa, el derecho a la vida. Si el Estado y Municipio no me han proporcionado los medios suficientes de seguridad es correcto que los comités barriales se organicen”, declara el legista, quien dice que la ciudadanía puede presentar una acción de protección para que un juez dirima y pondere estos derechos, esta sería otra instancia legal.

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