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¿Habrá toque de queda en Quito tras la renovación del estado de excepción?
Este estado de excepción tendrá una vigencia de 30 días de extensión y tiene como objetivo reforzar la seguridad del país frente al crimen organizado
El presidente Daniel Noboa renovó el miércoles 10 de junio de 2025 el estado de excepción por 30 días en Quito y siete provincias más: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos- Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo 23 y lo justificó que la medida responde al incremento de violencia criminal y amenazas a la seguridad pública..
Pero a diferencia de otras zonas del país, en la capital de los ecuatorianos no se aplicará toque de queda nocturno. Mientras que en cantones específicos de ocho provincias se restringirá la movilidad entre las 22:00 y las 05:00, en Quito se permite circulación libre, sin la imposición de restricciones horarias.
Las acciones durante el estado de escepción
El decreto faculta además a las fuerzas de seguridad para realizar allanamientos, requisas e interceptaciones de correspondencia, como parte de las medidas de excepción. Estas competencias buscan reforzar la lucha contra delitos graves vinculados al crimen organizado y a las estructuras que operan en el territorio nacional.

En cantones como Durán, Balao, Babahoyo, Quevedo, Lago Agrio o Camilo Ponce Enríquez (Azuay), sí se mantiene el toque de queda por las noches. En esas zonas, circular entre las 22:00 y las 05:00 implica riesgo de sanción por violación de restricciones.
El Gobierno justifica la renovación señalando que las zonas afectadas presentan índices de violencia que demandan una respuesta urgente para proteger a la ciudadanía y la convivencia social. Según el decreto, las limitaciones se aplican sólo donde se considere necesario, por lo que Quito queda excluida de la restricción de libre tránsito.
Operativos en la capital
La capital permanece bajo un estado de excepción que habilita operativos más agresivos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. La medida se mantendrá activa hasta el 10 de julio de 2025, y se espera que las autoridades informen cualquier modificación según evolucionen las condiciones de seguridad en el país.
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