Pacientes luchan por obtener sus medicinas en el IESS

Ha tenido tan solo dos meses para adaptarse a su nueva, pero dura realidad. A Robert Velásquez le cambió la vida en el instante en que su hijo, de 16 años, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer que inicia en la médula ósea.

En ese instante, Robert, un comerciante esmeraldeño, estaba devastado, especialmente cuando, sobre una hoja de papel, le entregaron el calendario de quimioterapia que su muchacho debía cumplir.

Pero allí su batalla apenas empezaba. Unos días más tarde, el médico tratante le confirmó que en el Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no había el fármaco para iniciar las sesiones.

Y no fue hasta el 1 de julio que Juan Páez, gerente de esa casa de salud, denunció el hallazgo de siete millones de dólares en remedios caducados desde 2012 a 2018. “He informado a Contraloría sobre procesos oscuros, donde se han hecho compras exageradas”, describió el funcionario en una rueda de prensa.

Ahora se plantea vaciar las bodegas y continuar con las investigaciones para encontrar a los responsables de esa adquisición, cuyo contrato impide cambiar los fármacos vencidos por nuevos. “Esto implica una pérdida enorme para el país, para la seguridad social”, acotó.

Por esto, Velásquez está indignado, sobre todo al recordar todo lo que debió hacer –y continuará haciendo– para conseguir el remedio de su primogénito. Recorrió cada farmacia de la ciudad, para comprar el medicamento, pero no lo venden normalmente.

Hasta que una persona le recomendó un sitio en el que podría conseguir L-asparaginasa (para la leucemia). “Llegué al lugar, un edificio muy elegante en la Naciones Unidas (norte de Quito). Entré a la oficina y, de una, me dijeron: cuesta 120 dólares, pero no damos ningún recibo o factura”, describió.

Velásquez titubeó por unos segundos, pero la dependiente lo interrumpió. “Se lo va a llevar o no, me preguntó”.

No tenía otra salida que comprarlo. De aquel remedio –de empaques en tonos rosa– dependía la vida de su hijo, pero Robert sentía curiosidad sobre el origen de la medicina. “Leyendo la caja veo que no tiene registro sanitario (...) viene de un laboratorio de la India y me cuestiono ¿cómo pueden vender algo así?”, explicó.

El problema es que ese fármaco –que se usa en las quimioterapias– no es de venta libre. “Encontramos otro sitio donde los distribuyen. Una farmacia con todas las de ley. Lo malo es que no siempre lo tienen. Ahí cuesta 70 (dólares), tiene registro sanitario y se lo entregan en una cajita con hielo para evitar que se pierda la cadena de frío”, contó.

Dos años, aproximadamente, durará el tratamiento del adolescente. Según su padre, solo en medicinas está gastando más de mil dólares a la semana. “Como familia estamos haciendo préstamos, pero hace tiempo que esto se me salió de las manos. El IESS no puede jugar así con la salud. Son rubros que nadie puede asumir”, señaló.

Cada vez que a su hijo le aplican el producto, cuyo origen es de Mumbai (India), él se persigna. No tiene idea los componentes que están entrando al cuerpo de su retoño. “Lo que sí sé es que los efectos secundarios son muy distintos. Ya de por sí, la quimio es brutal y con este producto de la India, mi hijo se pone peor. Me persigno cada vez que se lo ponen”, refirió.

Lleva mucho años de lucha

A Jhon Gómez le falta solo un mes para ser un vencedor. Fue hace casi cinco años cuando le encontraron un tumor, que nació en la ingle, pero se infiltró en la médula ósea. El diagnóstico de linfoma no Hodgkin lo destrozó. Era un estudiante de colegio, de apenas 16 años, y un destacado deportista.

“Al principio pensaron que era un desgarro, pero cuando se acababa el ibuprofeno que me recetaron, el dolor volvía”, precisa el chico, desde su silla de ruedas. Y es que el cáncer atrofió la movilidad en sus piernas, incluso le dejó una neuropatía. “Tengo un dolor fantasma, como el que siente la gente a la que le amputan un miembro. Esa parte que ya no está (un tumor que en los primeros meses creció veinte centímetros), aún me molesta”, detalla.

Aunque hoy está tan cerca de la meta –ya que pasados los cinco años el riesgo de que la enfermedad vuelva, se reduce a un 30 %– el acceso a su medicina sigue siendo un problema. La oxicodona, un analgésico opioide, es lo único que mitiga su sufrimiento. “Hace dos meses que no hay. El no tomarlo hace que tenga síndrome de abstinencia, mi cuerpo está acostumbrado al fármaco. No puedo dormir, siento un fuerte dolor y sudoración fría”, aclara.

Él, como muchos otros pacientes, acuden a la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. Allí reciben apoyo emocional y compañía de personas en su misma situación. “Cuando han podido me han ayudado con mi medicina”, destaca Jhon.

El trastorno, que pulverizó el hueso de su fémur, dejó también secuelas en la vida familiar. “Mi papá se alejó. Pasaba como un sonámbulo. Mi mamá es quien cogió la batuta: ellos tienen un restaurante, de allí sacan el dinero para mantener la casa y mi enfermedad”, cuenta.

Colegio de médicos

Para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, la situación es indignante. Más allá de la pérdida estatal, lo que le preocupa son los millones de afiliados que requieren los fármacos y que debido a esta “negligencia” no los van a tener.

“Es un problema grave, porque es un reflejo de la corrupción”, explica.

El médico cree que el problema es que no existe un control de los insumos embodegados. “Se debería hacer un inventario percha por percha”, señala.

Tras escuchar la rueda de prensa de Juan Páez, del Hospital Carlos Andrade Marín, supo que gran parte de insumos vencidos son vitaminas y sulfatos ferrosos (hierro). También se han vencido suturas, pinzas e instrumental para laparoscopia. “No es que caducan, es que los procesos de esterilización que se les hizo ya no funcionan”, comenta.

Según su criterio, estos siete millones no deberían perderse porque la normativa de salud contempla el cambio por nuevas.

Álvarez habla sobre la falta de una auditoría en la compra de medicamos (unos más, unos menos). “Los médicos nada tienen que ver en esto. Esto es un problema administrativo... Es imperdonable”, dice.

Derechos Humanos

Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, siente que no hay nada más infame que convertir los temas de salud en tramas políticas o de corrupción. Los 7 millones de dólares en fármacos caducados le duele, especialmente porque hay pacientes que pierden la vida, esperando un remedio “que no llega”.

Hace trece años, su hijo Álex murió producto de un osteosarcoma (cáncer de hueso). Pese al dolor, Dávila continuó con la lucha para que pacientes en situaciones similares a la de su muchacho reciban la atención y la medicina que requieren.

Hoy, la problemática se ha agudizado con el hallazgo en las bodegas del hospital del Seguro Social. “Esto debe ser investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Es un atentado contra la vida”, enfatiza.

Más de 1.207 personas forman parte del colectivo que dirige, por lo que le preocupa el futuro de esos pacientes que van desde el año y medio hasta los 75. “La edad es solo un concepto. Lo que tienen en común es que quieren vivir”, acota. Dávila espera que la nueva ministra de Salud, Catalina Andramuño, tome cartas en el asunto para que se pueda visibilizar de mejor manera los miles de casos.