Han pasado más de seis semanas desde que una promesa del IESS le devolvió la esperanza a Verónica Gómez, pero quedó solo en eso: una promesa. Desde entonces, asegura que nadie la ha llamado, nadie ha revisado a su hija y la cirugía que podría cambiarle la vida aún no se concreta.

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EXTRA publicó el testimonio de esta madre guayaquileña de 39 años que lucha por conseguir atención médica oportuna para su hija Fátima, de seis, quien padece parálisis cerebral espástica cuadripléjica, por lo que necesita con urgencia una cirugía de cadera autorizada desde hace dos años, pero que fue bloqueada por trámites burocráticos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tras la publicación de este drama el 22 de mayo de 2025, Verónica recibió un mensaje por WhatsApp de una funcionaria que le prometió darle seguimiento y le pidió que estuviera “pendiente del teléfono”, pues pronto la llamarían. Pero nunca más supo de ella.

Este Diario volvió a contactar a personal de comunicación de esa institución, pero desde allí aconsejaron que lleve su historia clínica al Hospital de Ceibos para analizar si la podían atender.

Sin embargo, para Verónica, lejos de sentir que recibía ayuda, fue como volver a empezar desde cero, pues lamenta que esa entidad actúa “como si Fátima no tuviera ya un diagnóstico evidente”.

La lucha legal de esta paciente con el IESS

Desgastada física y emocionalmente y sin más opciones, Verónica tomó una decisión radical: acudió a la justicia. Con el respaldo de un abogado constitucionalista, presentó una medida cautelar contra el IESS y el Hospital Dr. Roberto Gilbert, con el objetivo de que un juez ordene de inmediato la cirugía para su hija, sin más trabas burocráticas.

“La audiencia ya fue convocada. Espero que la jueza entienda la urgencia del caso y ordene que se cumpla el derecho de mi hija. Yo no quería llegar a esto, intenté por todos los medios, pero me obligaron a hacerlo. No puedo seguir esperando mientras la salud de Fátima se deteriora”, dice.

La operación no solo aliviaría el dolor y la displasia en la cadera de Fátima, sino que permitiría avanzar en terapias posteriores. “Mi hija no se sienta, no se para, pero responde a estímulos. Tiene voluntad. La operación le daría una oportunidad real para mejorar su calidad de vida. Pero cada día sin operarla es una oportunidad perdida”.

Su madre también ha sido afectada

La demora no ha afectado solo a Fátima. Verónica, madre soltera y abogada de profesión, admite que el desgaste emocional y financiero ha sido devastador. Ha tenido que acudir a psicólogos, psiquiatras y tomar medicación para dormir, dada esta “estresante situación”.

Incluso en su trabajo ha sufrido consecuencias. “Me han cambiado cuatro veces de área porque ya no rindo igual. No puedo concentrarme en revisar expedientes ni en redactar demandas. Esto me ha roto emocionalmente”.

Además, enfrenta una presión económica extrema: paga $500 al mes por un seguro particular para poder atender a su hija en el pensionado del Hospital Roberto Gilbert, mientras que el IESS (al que también aporta) no la apoya. “En total pago $700 mensuales entre los dos seguros”, dice.

“Muchas madres como yo tienen miedo de demandar al sistema. Yo no, porque sé defenderme. Quiero sentar un precedente. No solo por mi hija, sino por todos los niños que no tienen voz, y por todos los padres que sienten miedo o vergüenza de exigir sus derechos”, sentencia Verónica.

¿Qué es una medida cautelar y para qué sirve?

Diego Bastidas, abogado constitucionalista que representa a Verónica Gómez y a su hija Fátima, presentó una medida cautelar para frenar lo que considera una omisión peligrosa por parte del IESS. Según explica, esta acción busca que un juez ordene sin más dilaciones que tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el Hospital Roberto Gilbert, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, realicen cuanto antes la cirugía ortopédica que la niña necesita.

“No estamos pidiendo aún que se declare la violación de derechos, sino que se actúe de forma preventiva. La salud de Fátima está en juego y el riesgo de daño irreversible ya es evidente”, sostiene Bastidas.

El abogado recalca que esta es una medida de urgencia, contemplada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, precisamente para casos donde el tiempo puede marcar la diferencia entre el deterioro y la recuperación. “Esperamos que la jueza tome conocimiento de inmediato. La norma le permite dictar la medida sin necesidad de una audiencia previa si existe peligro grave, como lo hay en este caso”, advierte.

Para Bastidas, el problema no es jurídico. “No hay discusión legal. Es burocratismo puro lo que ha impedido que esta menor sea intervenida quirúrgicamente. Y ese retraso está generando algo catastrófico en la vida de esta familia”, denuncia.

Explica que la medida cautelar busca garantizar el acceso a la salud en condiciones reales, sin poner a los pacientes en una carrera de obstáculos. De no obtener una respuesta adecuada y urgente, no descartan presentar una acción de protección más adelante.

“El IESS ha omitido actuar. No hablamos de un trámite perdido, hablamos de una omisión reiterada que pone en riesgo la vida y la calidad de vida de una menor con discapacidad severa. Es inconcebible”.

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