El presidente Daniel Noboa confirmó que el programa Jóvenes en Acción tendrá una nueva fase que beneficiará a 80.000 jóvenes ecuatorianos con pasantías remuneradas en instituciones del sector público. Las inscripciones estarán abiertas desde el 5 de agosto, y esta edición apunta a ampliar la participación juvenil en tareas sociales y comunitarias clave para el país.

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Durante una entrevista radial este 28 de julio, Noboa precisó que quienes resulten seleccionados recibirán una capacitación durante el mes de octubre, y luego se integrarán a una pasantía de tres meses, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de febrero, con una remuneración mensual de $ 400.

“Este programa no solo da experiencia laboral, también devuelve esperanza a miles de jóvenes que quieren aportar al país”, señaló el mandatario.

¿Qué requisitos y beneficios incluye esta nueva fase del programa?

El relanzamiento del programa forma parte de los esfuerzos del gobierno por reactivar políticas de inclusión social enfocadas en jóvenes de entre 18 y 29 años. Según información oficial, las pasantías se desarrollarán principalmente en instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La inversión destinada a esta nueva fase supera los 32 millones de dólares, y se espera que fortalezca no solo las capacidades laborales de los participantes, sino también su compromiso con el desarrollo comunitario.

Los participantes cumplirán funciones orientadas a la mejora del entorno social, tales como:

• Reforestación de zonas afectadas
• Mantenimiento de vías secundarias
• Limpieza de espacios públicos
• Apoyo en actividades agrícolas
• Asistencia en brigadas sociales

¿Por qué se suspendió y ahora se relanza Jóvenes en Acción?

El programa Jóvenes en Acción fue originalmente implementado en noviembre de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo 448, y hasta abril de 2025 benefició a más de 75.000 jóvenes, con una inversión inicial de $ 120 millones. Sin embargo, fue suspendido en mayo de 2025 por cuestionamientos relacionados con posibles usos político-electorales, demoras en los pagos a los participantes y la propuesta de reemplazarlo por otras modalidades de apoyo económico.

Si bien no se han dado detalles del proceso correspondiente para los interesados, el Gobierno ha señalado que esta nueva etapa busca corregir esas falencias y reactivar un mecanismo que había mostrado resultados positivos, especialmente en zonas rurales y en comunidades afectadas por crisis ambientales o económicas.

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