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Caso Campoverde: en espera de resolución de jueza
En los próximos días, la magistrada notificará a las partes procesales la reinstalación de la misma para anunciar su resolución, ya que debe revisar los elementos de convicción que constan a lo largo de 131 cuerpos procesales (13.100 fojas).
A la audiencia fueron llevados los 130 cuerpos que documentan el proceso judicial.
Luego de la presentación de las pruebas comprendidas en 115 testimonios e igual número de elementos documentales –como informes periciales y técnicos-, la fiscal especializada en Violencia de Género de Pichincha, Mayra Soria, solicitó que el pastor evangélico Jonathan Carrillo sea llamado a juicio por el delito de secuestro con resultado de muerte de Juliana Campoverde, desaparecida desde el 7 de julio de 2012.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se desarrolló ante la jueza de Garantías Penales, Yadira Proaño, desde la mañana del 1 de abril. En los próximos días, la magistrada notificará a las partes procesales la reinstalación de la misma para anunciar su resolución, ya que debe revisar los elementos de convicción que constan a lo largo de 131 cuerpos procesales (13.100 fojas).
La diligencia duró 12 horas en el Complejo Judicial Norte de la capital, luego de subsanarse los vicios que la defensa del acusado presentó el pasado 7 de marzo. Los elementos anunciados por la Fiscalía apuntan a que Carrillo sería el autor del delito que impuso.
Uno de ellos fue la información presentada por el procesado a finales del 2018, donde afirma que se llevó a la joven (la mañana del 7 de julio de 2012) hasta un motel para abusar de ella, horas más tarde ella habría muerto en manos del pastor quien habría arrojado el cuerpo sin vida en la quebrada de Bellavista, norte de Quito.
También incluyeron las versiones de testigos (círculo familiar de la víctima) que contaron la búsqueda que emprendieron luego de su desaparición y los mensajes de despedida que recibieron supuestamente de la víctima, tanto telefónicos como en redes sociales.
Los relatos anunciados como elementos probatorios también dieron cuenta de tres circunstancias: la primera es la insistencia de la familia del procesado en negar cualquier vínculo de amistad con la familia de la víctima, pese a que eran los pastores de la iglesia a la que Juliana y su círculo familiar asistieron por 10 años.
Además develó la intromisión de Jonathan, de su hermano Israel y de su padre Patricio, pastor principal de la iglesia Oasis de Esperanza, en asuntos familiares y laborales.
Frente a la carga probatoria, los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento del proceso, alegando que no se puede demostrar el delito por el que se pidió llamamiento a juicio.
En tanto la acusación particular planteó un concurso real de infracciones: plagio, violación y asesinato. Este es el contexto en el que la jueza de la causa deberá decidir si llama a juzgamiento o dicta el sobreseimiento al procesado.
De este expediente se derivaron una investigación previa por enriquecimiento privado no justificado, seguida en la FEDOTI 7 de Pichincha, en contra de Carrillo y su familia. También se inició acto administrativo por las osamentas encontradas en la quebrada de Bellavista, en las diligencias de búsqueda de finales del 2018.