En la justicia ecuatoriana, en ocasiones, a los jueces les ha tocado dictaminar sentencias a personas que han cometido algún delito, pero padecen algún trastorno mental. Pero cuando aquello ocurre, ¿cómo se juzga a estas personas?

La abogada penalista, Vanessa Zavala, explica que en procesos de este tipo, primero la Fiscalía debe solicitar que se realice una pericia psicológica por medio de un especialista, para determinar si efectivamente la persona que está siendo investigada tiene o no tal padecimiento.

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“Si se demuestra que esta persona no puede entender la gravedad del delito que está cometiendo, no es susceptible de que se le imponga la responsabilidad del mismo. Es inimputable”, explica.

Aquello lo estipula el artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, el mismo artículo precisa que en esos casos, el juez puede otorgar una medida de seguridad.

Pero según Zavala, también pueden ocurrir situaciones en las que la persona que comete una infracción penal sí entiende parcialmente lo que ha cometido. Para esos casos, el COIP contempla que se le debe imponer una sentencia de un tercio de la pena mínima prevista para ese delito.

Aquello ocurrió con Néstor Alberto Romero, quien fue declarado culpable de asesinar a sus padres a martillazos en Quito, el 1 de febrero del 2018 en Machala, provincia de El Oro. En la audiencia de juzgamiento en su contra, efectuada en julio de este año, se le impuso una pena reducida de 11 años y 6 meses, porque el hombre, de 38 años, tiene problemas mentales.

Además, en el dictamen judicial consta que Romero debe recibir atención atención psicológica.