El largo camino hacia la justicia

Un trozo de cartulina, una frase y la foto de su hermana Amada eran las ‘armas’ con las que contaba, antes de cada audiencia, Mirian Ruiz Briones para exigir justicia por el asesinato de su familiar.

Amada, de 43 años, fue llevada a un sector apartado y rociada con gasolina. Luego le prendieron fuego para acabar con su vida. El pasado 18 de junio, Byron Jacinto Quintero Noboa, su expareja, fue sentenciado a 34 años y 6 meses de prisión por este hecho.

La desgracia ocurrió el 28 de junio de 2018 en un basurero ubicado en la vía que conduce al recinto La Seca, del cantón Daule. Amada permaneció 11 días internada en la Unidad de Quemados del hospital Luis Vernaza de Guayaquil, pero las heridas por quemaduras en el 90 % de su cuerpo provocaron su deceso.

Desde que los familiares de Amada exigieron “justicia” a las autoridades transcurrió un año, durante ese tiempo entraban y salían de las salas de audiencia, reviviendo el dolor de su muerte.

Diez meses después, en la cooperativa Héctor Cobos de Durán, Ana Mercedes Torres Alvarado (42) recibió 17 puñaladas. El implicado es Fernando Almea Ortiz (44), quien era su cónyuge y padre de su hija de 9 años.

El pasado 28 de mayo, Evelyn Carolina Bravo Bodero (25) fue atacada con siete cuchilladas en el bloque 9 de Flor de Bastión, noroeste porteño. El sospechoso es Washington Jimmy Moreira Cedeño (29), su ex y padre de sus dos hijos, quien intentó suicidarse luego de agredirla.

Doce días antes de su asesinato, Bravo solicitó medida de protección y una noche antes de su muerte acudió hasta una Unidad de Policía Comunitaria en busca de ayuda.

Los familiares de estas tres víctimas no solo tienen en común el dolor por su trágica muerte, también los une la lucha para que los responsables paguen por lo que hicieron. Son de escasos recursos. También pelean contra la indiferencia y la demora de los procesos.

Un año de viajes y dolor

El peregrinaje de los familiares de Amada terminó el 18 de junio, diez días antes de que se cumpliera un año de su crimen.

Miriam contó que antes de cada audiencia compraba cartulina, un marcador e imprimía la foto de su hermana para elaborar un cartel. Lo llevaba a las diligencias con el afán de que no solo escucharan sus gritos de justicia, sino que también los leyeran para que las autoridades no dejaran en libertad al hombre que le arrebató a su ñaña.

Junto a tres o cuatro familiares viajaban desde Nobol hacia Guayaquil. Para eso necesitaban de entre 20 a 25 dólares.

También se llenaban de valor y carácter para mirar al sentenciado por la muerte de Amada.

“Mi hermana tuvo una muerte atroz, ese hombre con engaños hizo que se subiera en el carro, le dio dinero al niño para que comprara un helado y aprovechó para llevársela y quemarla viva. Me imagino su sufrimiento y eso me destroza el alma”, cuenta entre lágrimas.

Su temor era que el asesino quedara libre, pero “finalmente se hizo justicia y ese hombre deberá pagar con cárcel por lo que le hizo a mi hermana”.

Un largo camino

Para los familiares de Ana Torres, la lucha por la justicia recién empieza. Al día siguiente del asesinato, acudieron a la audiencia de formulación de cargos, pero después de un mes, 27 de junio, volvieron a las salas del juzgado para la Audiencia de Preparatoria de Juicio en contra del procesado Fernando Almea. A esta diligencia también asistieron allegados del sospechoso.

Para Karen, de 23 años, revivir la muerte de su madre se convirtió en una pesadilla. El pasado miércoles 29 de mayo, se realizó la reconstrucción de los hechos y a la joven le tocó repetir lo que vivió aquel día.

“Fue doloroso hacer como si mi madre estuviera viva, luego entrar a la casa y verla muerta, bañada en sangre, repetir una y otra vez la escena. Y lo más terrible fue tener en frente al hombre que la mató y que ahora jura que es inocente”, indica.

Ese día, los gritos de su hermana menor alertaron a la familia. Cuando salieron de sus viviendas para ver qué ocurría e ingresaron a la casa de Ana, ella estaba en el piso y con cortes en varias partes del cuerpo.

“Mi padrastro salía de la vivienda y tenía sus manos manchadas con sangre. Escapó corriendo. Luego nos envió mensajes de arrepentimiento y esa es una prueba de su culpabilidad. Ahora se retracta y se declara inocente. Se contradice”, dice Karen.

Pruebas, un mes después

María Bodero, madre de Evelyn Carolina, abandonó sus actividades en Esmeraldas y se radicó en Guayaquil para estar pendiente de sus dos nietos huérfanos y de la situación judicial del hombre que es investigado por matar a su hija.

Familiares realizaron un plantón, ‘Juntas por Evelyn’, el pasado 3 de junio en la Plaza San Francisco de Guayaquil.

“Estamos recopilando testigos y buscando abogados”, mencionó María, quien también espera que se haga justicia y que el crimen de su hija no quede impune, aunque sabe que aún les queda un largo y doloroso camino en este proceso.

Luego de permanecer siete días hospitalizado, el 5 de junio, Washington Moreira Cedeño fue llevado al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil.

El 27 del mismo mes se cumplió el plazo para presentar los escritos y pruebas para la audiencia que se debía realizar el 30 de junio pasado.

Las diligencias

El fiscal Víctor González explica que “pueden haber varias convocatorias, pero jamás podrá pasar el año sin sentencia, antes de este tiempo debe realizarse la audiencia de juzgamiento, aunque la ley indica que luego de formulados los cargos en casos flagrantes, la investigación tiene un tiempo de duración de 30 días. Luego de aquello se solicita fecha para presentar el dictamen, la misma que se resolverá en 10 días. Finalmente, luego de recibido el expediente fiscal, el Tribunal Penal tiene 10 días para que los jueces dicten sentencia”.

El fiscal César Peña dice que hay casos que pueden llevar hasta siete etapas, cuando los procesados interponen sus defensas.

Las etapas en estos casos son: Formulación de cargos - Dictamen - Juzgamiento - Apelación - Casación - Revisión y Extraordinario de protección.

A más del sufrimiento por la muerte de su ser querido, estos son los procesos judiciales por los que deben pasar los familiares.