Las obligan a ‘cantar’ con violencia sexual

Ciudad de México
Claudia Medina Tamariz dormía en su casa en Veracruz, en la costa del Golfo de México, junto a su esposo, cuando miembros de la Marina entraron a la fuerza y los arrestaron en agosto de 2012.
Con una venda en los ojos y esposada, Medina cree que fue trasladada a una base naval cercana, donde sus captores la acusaron de trabajar para el crimen organizado. Durante varias horas fue golpeada, agredida sexualmente, y torturada con descargas eléctricas y ahogamiento simulado. Dos examinadores médicos independientes encontraron evidencia que respalda su versión. Se le obligó a ducharse enfrente de sus captores.
Después, Medina y otros desfilaron frente a las cámaras de televisión junto a armas y drogas, y se les imputaron múltiples cargos de crimen organizado. Más tarde descubrió que su declaración, misma que no se le mostró antes de ser firmada, fue alterada para que pareciera una confesión en la que los marinos indican que la arrestaron junto a su esposo cuando conducían un vehículo con drogas y armamento.
“Las autoridades, cuando te ponen en exposición, lo hacen con esa finalidad, de que una se quede callada como mujer”, declaró Medina. “Ellos saben dónde herirte como mujer”.

Abuso psicológico
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que la experiencia de Medina es común entre las mujeres arrestadas en México. En un reporte difundido ayer, la organización señaló que en entrevistas realizadas a 100 mexicanas encarceladas, 72 reportaron tortura sexual durante su arresto, y 97 fueron golpeadas o recibieron algún tipo de abuso físico. Las 100 reportaron acoso o abuso psicológico.
“Lo que vemos es que las mujeres son un blanco por su género, a menudo sus cuerpos son utilizados de cierta forma. Continuamente vemos que las mujeres que vienen de situaciones adversas son los objetivos más fáciles para las autoridades”, dijo Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
El documento aseguró además que las denuncias de tortura no se investigan adecuadamente y sus autores gozan de impunidad casi absoluta, pese a que el gobierno ha establecido varios mecanismos e instituciones para abordar el tema.