"Le gritaría que es un cobarde"

A Petita Albarracín no le gusta que le pregunten por Bolívar Espín. Escuchar el nombre de quien llevó al suicidio a su hija Paola Guzmán la entristece, la pone mal, advierten sus representantes antes de cada entrevista. No es Petita quien tiene que responder sobre él. Era la justicia ecuatoriana, hace 18 años, pero no lo hizo.

De Espín, cuenta Petita, lo único que le dijeron hace poco es que trabajaba como conductor de taxis. Eso coincide con sus datos en el Servicio de Rentas Internas (SRI), que especifican que habría iniciado ‘actividades relacionadas con choferes’ como persona natural el 26 de agosto de 2014. Oficio que dejó de ejecutar, según ese registro, el 27 de febrero de 2015.

El fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por Guzmán. Esta sentencia es emblemática, porque es la primera vez que la Corte IDH decide sobre un caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito educativo. La institución sentenció al país por no haber protegido a la menor de edad, que “vio lesionados sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la educación”.

Este proceso dio fin, limpiando así la imagen de Paola, a un sinnúmero de procedimientos judiciales relacionados con su muerte, ocurrida el 13 de diciembre de 2002, y que terminaron con la prescripción del delito de abuso sexual por el cual fue emitida una boleta de captura contra Espín (ver cronología).

Daniel Véjar, director Nacional de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, explica que debido a la finalización del proceso judicial, no hay más acciones a seguir de parte de esa institución.

Sin embargo, detalla que a causa del caso de Paola y otros de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar (como el ocurrido en 2017 en el colegio réplica Aguirre Abad, donde alumnos de entre 6 y 8 años fueron torturados y abusados sexualmente), la Fiscalía, vía resolución 049 del 2019, conformó un equipo especializado en violencia de género.

El equipo, adscrito a la Dirección de Derechos Humanos, da seguimiento a estos casos para evitar que queden en la impunidad, como ocurrió en el proceso de Paola. “Tiene la finalidad de evitar la revictimización secundaria que tienen las víctimas y les da acompañamiento”, algo que no ocurrió en 2002 con la familia de la adolescente.

Véjar precisa que en la sentencia de la Corte IDH no se declaró que el Estado vuelva a investigar su caso, ni que se analizara la figura de la prescripción en casos de violencia sexual. “No solo hay que capacitar a los funcionarios, sino también sensibilizarlos. Esto no es algo que se tiene que dar ahora, sino siempre”, indica.

Por el momento, resta esperar una respuesta del Estado ecuatoriano ante la sentencia.

Lita Martínez, abogada de Petita y directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer Guayaquil (Cepam), detalla que el Gobierno debe analizar la sentencia, determinar una hoja de ruta y proponerla para la revisión y validación de los representantes y las víctimas. Especificó que, por lo general, se toman de dos a tres semanas para este propósito.

Ella espera que el tiempo no pase, como ocurrió en 2002, para darles a Petita y a su otra hija, Denisse, la calma que merecen. No quieren que se vuelva a repetir la historia de Bolívar Espín, que ahora debe de tener 72 años, “quizá buscando otras víctimas”, se lamenta Petita.

Además de aplicar los estándares descritos anteriormente, Ecuador deberá empezar a cumplir de inmediato lo siguiente:

* Reparar de manera integral a los familiares de Paola Guzmán Albarracín, doña Petita, su madre y Denisse, su hermana, para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad luego de 18 años de impunidad.

* Restablecer el buen nombre de Paola, reconocer que fue víctima de violencia sexual y que su muerte está relacionada directamente con esa agresión sexual.

* Reconocer la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en este caso a través de un acto público.

* La Corte IDH exhorta a realizar un informe de carácter público que determine la verdad de lo sucedido a Paola para limpiar su imagen y memoria.

* Establecer políticas públicas para evitar que se repitan casos como este, evitando el acoso y la violencia sexual en los colegios de manera oportuna.

Deberá declarar un día oficial de “lucha contra la violencia sexual en las aulas”.