Las grandes fortunas generan dudas. Los políticos de corta carrera y con grandes fortunas, mucho más. Llegar a la comprobación del delito —muchas veces denominado de ‘cuello blanco’ por ser cometidas por personas de alto poder económico— es lo difícil.

Lo que ha pasado con la red de corrupción montada por la constructora brasileaña Odebrecht deja una moraleja antes archivada: Ecuador necesita de una Ley de Extinción de Dominios.

De nuevo al ruedo : ¿La tercera es la vencida?

A Carlos Baca Mancheno se le ocurrió volver a proponer una ley de ese estilo —por tercera vez— para finales de 2017. Aunque no dio detalles del contenido de su propuesta —entregado a la Asamblea el 20 de diciembre— precisó por qué es necesaria y los objetivos que tiene.

Las preguntas que se podrán responder satisfactoriamente, según el fiscal, una vez aprobada la ley son dos: ¿dónde están los bienes? y ¿a quiénes pertenecen esos bienes?, refiriéndose a propiedades adquiridas de forma irregular; ya sea por crimen organizado, corrupción, terrorismo, entre otros.

La urgencia que esta vez la ley sí se tramite es que para que el Estado recupere algo en este tipo de casos, se debe esperar una condena en el juicio. Eso no siempre sucede.

Una ley bien frenada

2008

Prácticamente una década atrás, cuando se estrenaba la Constitución y Asamblea Nacional, siendo marzo del 2008, llegó un proyecto similar auspiciado por el entonces fiscal —también candidato presidencial— Washington Pesántez.

Se sabía que eran 37 artículos y nada más. Que en la Asamblea no estaban de acuerdo con la definición que se le daba a los bienes y los ‘súper poderes’ que parecía alcanzar con esto el fiscal.

La justificación que pasó desapercibida

2009

Las noticias de la época son entusiastas: que el proyecto avanza, que se discute sobre una ley de extinción al dominio y que desde finales del 2008, cuatro asambleístas impulsaban un borrador de ley bastante similar al del fiscal Pesántez

Incluso, hay un borrador de la ley donde se justifica la necesidad y aunque ha pasado bastante tiempo, sigue coincidiendo con la realidad actual:

“Más allá de los discursos o de las acciones políticas de reproche o la utilización indebida de los fondos públicos (...) se impone que el Estado cuente con una herramienta legal (...) que disponga de acciones que permitan la extinción o pérdida de dominio de bienes cuyo origen es ilícito”.

En 2009 la ley estuvo bien cerca de aprobarse. Hasta le dieron un tercer informe para seguir debatiéndola y pese a que el sector de contratación pública recomendó se le de visto bueno, la Asamblea la frenó.

¿Habrá un sí masivo?

Esta propuesta ha demorado tanto, que ha recorrido la administración de la Asamblea bajo diferentes administraciones: Alberto Acosta, Fernando Cordero y ahora, José Serrano. Un artículo de La Hora, sin embargo, asegura que aproximadamente en el 2002 el Congreso —ahora Asamblea— conoció también de un borrador de ley que tenía los mismos fines.

Así que sin importar el nombre de quién la tramite, hasta ahora lo que apunta a la extinción de dominios, no reúne los votos suficientes.