El desarrollo del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, enfrenta un nuevo obstáculo. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ordenó este 6 de agosto de 2025 a la empresa concesionaria Dundee Precious Metals (DPM) suspender el inicio de actividades extractivas hasta que se difunda públicamente el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

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La decisión, comunicada mediante un oficio dirigido al representante legal de DPM, Guillermo Salgado, detalla las condiciones que debe cumplir la empresa para garantizar la transparencia ambiental y el derecho a la información de la ciudadanía.

¿Qué exigencias impuso la ministra para transparentar el plan ambiental?

En su disposición oficial, la ministra Manzano estableció que la difusión del plan ambiental debe cumplir con los siguientes criterios:

• Explicar el contenido de forma didáctica y comprensible para la población, usando herramientas como infografías, mapas y otros medios visuales
• Detallar específicamente las medidas de protección del recurso hídrico
• Asegurar su acceso público mediante una página web visible y accesible para toda la ciudadanía

Manzano justificó la suspensión de actividades en base al Código Orgánico Administrativo, que permite suspender actos administrativos mientras se garantizan condiciones esenciales, como el acceso a información ambiental clave.

Esta medida se da luego de que el Ministerio del Ambiente aprobara el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo como parte del proceso para otorgar la licencia ambiental a la minera, la cual fue entregada a finales de junio de 2025 tras culminar la consulta previa, libre e informada con comunidades cercanas.

¿Por qué el proyecto ha generado oposición y tensiones en Azuay?

El proyecto Loma Larga ha sido blanco de fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, comunidades indígenas y autoridades locales, que advierten sobre un posible impacto negativo en las fuentes de agua de las que dependen varios cantones de la provincia.

Uno de los opositores más vocales ha sido el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien ha increpado públicamente a la ministra por permitir la continuidad del proyecto. Argumentos como los del estudio de la Empresa Municipal de Agua Potable (ETAPA) respaldan la preocupación, al señalar riesgos para zonas de recarga hídrica.

Por su parte, la empresa minera ha defendido el proyecto asegurando que no representará una amenaza al agua. Freddy Villao, director de Relaciones Externas de DPM, explicó que se construirá una planta de tratamiento y que se reutilizará más del 90 % del recurso hídrico dentro del proceso operativo.

En redes sociales, Manzano reafirmó su postura ambientalista: “Escuchamos a los ciudadanos y sus preocupaciones, asegurando la legalidad, transparencia y la protección ambiental (...). Nuestra prioridad también es el agua, y la transparencia. Así como apoyar la minería legal, y no dejar espacios a la ilegalidad y contaminación”.

La ministra también recordó que durante su gestión como titular del Ambiente se incorporaron 41.820 hectáreas de páramos y humedales al Refugio de Vida Silvestre Machángara Tomebamba, lo cual refuerza su compromiso con la conservación de ecosistemas estratégicos.

Mientras tanto, DPM espera cerrar el año con la firma del contrato de explotación con el Estado y arrancar obras iniciales en 2026, si cumple con las nuevas condiciones impuestas por la autoridad.

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