El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha decidido admitir a trámite la denuncia por presunta infracción electoral grave contra Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana. La acción legal fue impulsada por Marcos Marcelo García Águila, quien acusó tanto a González como a su binomio, Diego Borja, de haber incurrido en actos de campaña anticipada durante el proceso electoral de 2025.

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Sin embargo, el juez electoral Ángel Torres resolvió archivar la causa en lo que respecta a Borja, tras revisar la denuncia de manera individual. Según el expediente, el denunciante no completó ni aclaró suficientemente la información respecto a ambos denunciados, como le fue solicitado inicialmente. Esta omisión obligó al juez a tratar los casos de forma separada.

¿Por qué se archivó la denuncia contra Diego Borja?

En su resolución, el juez Torres explicó que no encontró evidencia de conductas activas atribuibles a Diego Borja que permitieran vincularlo con la infracción denunciada. A esto se suma que la queja presentada no incluía una solicitud concreta de sanción contra Borja, lo que debilitó aún más la viabilidad de la causa en su contra.

En contraste, la situación de Luisa González sí fue considerada susceptible de seguimiento. El magistrado dispuso que el proceso continúe sin ofrecer mayores detalles sobre los elementos probatorios hasta ahora reunidos. No obstante, en el expediente se indica que se ha solicitado una sanción consistente en una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.

¿Cuándo será la audiencia y qué debe hacer Luisa González?

La audiencia oral única de pruebas y alegatos se llevará a cabo el próximo 1 de julio de 2025, a las 10:00, y marcará un momento clave en el desarrollo del caso. De acuerdo con los procedimientos del TCE, una vez notificada, Luisa González contará con un plazo de cinco días para presentar su contestación formal, acompañada de las pruebas de descargo que considere pertinentes.

Además, la exasambleísta deberá designar un abogado defensor de su confianza. En caso de no hacerlo, el tribunal le asignará un defensor público de la provincia de Pichincha para garantizar su derecho a la defensa durante la audiencia.

La denuncia por campaña anticipada es considerada una infracción electoral grave y, de confirmarse, podría afectar la carrera política de González en el corto y mediano plazo. Su defensa será crucial para demostrar si hubo o no intención deliberada de vulnerar las reglas del proceso electoral vigente.

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