En el 2012 el mundo se tornó gris para Carmen Santacruz. Fue el año en el que su único hijo varón, el mayor de tres, cayó en el consumo y adicción de las drogas.

Santacruz no habla mucho al respecto. Es que le duele recordar que fue un sobrino suyo quien lo ‘inició’ en este mundo.

La humilde mujer le tiene miedo a los centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción, por eso no ha querido llevar a alguno de ellos a su primogénito, de 26 años; aunque también afirma que no cuenta con los recursos económicos para poder pagar alguno que sea legal y responsable.

Desde que se desató la pandemia de la COVID-19, Carmen se quedó sin trabajo, ella laboraba en casas. Su sustento actual es vender jugos en la esquina de su casa, en la cooperativa 18 de Octubre, Guasmo Sur.

“Tantas cosas que se oyen... lo pueden matar (en un centro de desintoxicación) y no quiero que eso suceda. Lo que pasa es que él es resabiado con otras personas, conmigo no”, sostiene. Por eso no le quedó otra que aplicar su propia ‘terapia’, encadenarlo con eslabones de cinco metros en su casa.

Pero no es la primera vez que lo hace. El año pasado lo tuvo en la misma condición por cuatro meses.

En esta segunda ocasión volvió a esta práctica, él se habría sustraído el celular de su hermana para pagar su consumo. Tuvieron que ‘rescatar’ el teléfono pagando 50 dólares.

“Es duro ver a un hijo cuyo consumo lo consume. La H (mezcla de heroína con otras sustancias) y la ‘plo plo’ (combinación de cocaína y bicarbonato de sodio) eran sus drogas”, manifiesta.

10 dólares para que vuelva

Antes de encadenarlo en su domicilio, el joven permanecía en la calle, robando y rondando la basura, por eso Carmen tuvo que pagarle 10 ‘latas’ a sus panas para que lo llevaran a casa.

Debido a la peligrosidad de su sector, Carmen piensa enviar a su hijo al Oriente, donde un hermano de ella.

Ya no estará atado a una pared, pero sí al corazón de esta madre que no pierde la fe de que él tenga una vida limpia.