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Menores de edad se unen a bandas criminales en Ecuador. La mayoría voluntariamente.Canva

¿Por qué menores de edad en Ecuador se unen al crimen organizado? Aquí las razones

Pobreza, violencia y falta de oportunidades explican el creciente reclutamiento de niños y adolescentes por bandas criminales en zonas costeras

En Ecuador, cada vez más niños, niñas y adolescentes se ven atraídos o arrastrados hacia el crimen organizado. Según un estudio reciente del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), factores como la pobreza, la exclusión social, la falta de referentes y un sistema educativo debilitado son el caldo de cultivo perfecto para que menores se integren a estas estructuras delictivas. El fenómeno ya no es marginal, sino una realidad extendida que amenaza con normalizarse en las zonas más vulnerables del país.

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La investigación, que encuestó a 2.948 adolescentes de entre 12 y 17 años en nueve ciudades de la región costera —entre ellas Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santa Elena—, evidencia que al menos el 8,1 % de los menores reconocen formar parte de un grupo criminal. Esto representa cerca de 300 jóvenes que admiten pertenecer activamente a una banda, y lo más alarmante: muchos de ellos fueron reclutados desde los 10 años de edad.

¿Qué motiva a los adolescentes a unirse a bandas delictivas?

Las motivaciones de los menores no se reducen a la coerción o el miedo. De hecho, solo un 13 % de los encuestados afirmó haber sido obligado o amenazado para ingresar. En cambio, el principal motivo es la búsqueda de identidad, respeto y sentido de pertenencia, según declaró el 22 % de los jóvenes.

"En un contexto de ausencia de oportunidades, el ser parte de una organización criminal se vuelve un método de supervivencia y rentable para los chicos y chicas. Ser parte de una organización me vuelve 'alguien' en el barrio, donde soy una persona olvidada", explicó Renato Rivera, director del OECO.

El estudio también destaca otras razones detrás de la decisión de unirse a estas estructuras:

  • Escapar de un hogar conflictivo o disfuncional (11 %)
  • Mejores ingresos económicos que los disponibles en su entorno
  • Influencia de amigos o conocidos ya integrados
  • Necesidad de protección frente a la violencia del entorno

El entorno en el que viven estos adolescentes es un factor clave. El 51,1 % reporta presencia visible de bandas en su barrio, con cifras que alcanzan el 77 % en Santa Elena y el 75 % en Durán. Además, el 27,6 % conoce a alguien cercano que está en una banda, y un preocupante 13,6 % indica que tiene familiares vinculados directamente con estas organizaciones.

La Asamblea Nacional aprobó una ley que endurece las penas con hasta 15 años de privación de libertad para adolescentes por delitos graves vinculados a estructuras criminales.EFE

¿Dónde se da esta normalización de la violencia?

Las bandas criminales han extendido su influencia más allá de los barrios: han penetrado en escuelas, parques y espacios públicos, donde los jóvenes ven reflejado un modelo de poder alternativo y muchas veces aspiracional. El informe señala que los centros educativos se han convertido en escenarios donde se visibiliza la "cultura de la violencia" sin una respuesta institucional efectiva.

"La vinculación criminal debe ser entendida no sólo como un fenómeno penal o de seguridad, sino como un proceso sociocultural y territorial", advierte el documento, que además resalta la necesidad de políticas públicas que no solo castiguen, sino que atiendan las causas estructurales.

En este sentido, el OECO critica la reciente decisión de la Asamblea Nacional de endurecer las penas para adolescentes infractores hasta con 15 años de prisión. Organizaciones como Unicef también han mostrado su preocupación frente a esta medida, señalando que responde más a fines políticos que a una estrategia real de protección infantil.

Para el Observatorio, la solución pasa por la prevención y la inversión social, no por el castigo desproporcionado: "La recomendación es que es de vital importancia empezar a trabajar y fortalecer el Comité (para erradicar el reclutamiento de menores) que han creado, con políticas públicas y recursos", enfatizó Rivera.

El informe concluye con un llamado urgente a intervenir en los territorios más golpeados con programas de desarrollo social, fortalecimiento comunitario y acceso garantizado a educación, salud y empleo digno. Solo así, insisten los investigadores, será posible construir alternativas reales que alejen a los adolescentes de la violencia y el delito.

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