La reciente decisión del gobierno mexicano de conceder refugio político a Augusto Verduga ha reavivado el debate sobre la situación de la justicia y los derechos políticos en Ecuador. Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), recibió protección migratoria junto a su esposa e hijos, al considerar las autoridades mexicanas que su vida podría estar en riesgo si regresaba a su país.

El caso se enmarca en un contexto más amplio, donde otros líderes vinculados al movimiento correísta han sido mencionados como posibles víctimas de persecución por motivos políticos. Así lo documentó una funcionaria de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la resolución que respalda la protección concedida a Verduga.

Acusaciones judiciales y contexto político

Verduga enfrenta en Ecuador un proceso penal por presunta asociación ilícita dentro del llamado caso “Ligados”. Esta causa involucra a exfuncionarios y a una vocal en funciones del CPCCS, quienes habrían intervenido para designar en altos cargos del Estado a personas afines al movimiento político Revolución Ciudadana. El 6 de marzo de 2025, la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, dictó prisión preventiva en su contra y solicitó a Interpol la emisión de una notificación roja para su captura internacional.

Antes de que esta medida se ejecutara, Verduga salió del país el 24 de enero por la frontera con Colombia. Desde allí se trasladó a México, donde solicitó refugio formalmente el 21 de febrero. En su petición, alegó que tanto él como su familia corrían peligro, y detalló las razones que, a su juicio, reflejan una persecución por su ideología.

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Mención de otros casos por parte de México

La funcionaria mexicana que analizó la solicitud no solo se refirió al caso de Verduga, sino que también lo relacionó con otros episodios en los que, según su evaluación, la Fiscalía ecuatoriana habría actuado de forma similar. Entre los casos citados está el del expresidente Rafael Correa, inhabilitado políticamente tras un proceso judicial calificado como “exprés”. 

También se menciona a Andrés Arauz, implicado en un caso archivado que lo vinculaba presuntamente con el grupo armado colombiano ELN, y a Luisa González, candidata presidencial, cuya imagen fue afectada tras el asesinato de Fernando Villavicencio.

“Es importante destacar que existen otras personas con quienes la fiscal Diana Salazar ha demostrado actuar de forma semejante: Caso Rafael Correa, la Fiscalía impulsó un juicio exprés que resultó en la inhabilitación política del expresidente. Caso Andrés Arauz: la Fiscalía fabricó un falso caso de financiamiento por parte del ELN, que involucró al fiscal colombiano Barbosa, y que terminó siendo archivado. 

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Y caso Luisa González: Durante su primera candidatura, la Fiscalía explotó de manera inmoral el asesinato de Fernando Villavicencio para perjudicar a la Revolución Ciudadana”, se indica en el documento oficial, que cita como fuente un testimonio escrito de Verduga.

A partir de estas referencias, la resolución concluye que existe un patrón: “Es posible observar que tanto las personas aquí mencionadas, como la persona citada al rubro, comparten características similares, todos y todas han sido catalogados/as por sus agresores como opositores al gobierno y han enfrentado actos persecutorios, son actos que podría experimentar la persona solicitante en caso de volver a su país de origen al tener un perfil político similar”.

Perfil ideológico de Verduga y argumentos adicionales

Aunque Verduga ha afirmado que no es parte del correísmo, sí ha reconocido que fue precandidato por ese movimiento y miembro de la Liga Azul. Se describe a sí mismo como una persona de izquierda progresista que nunca ha militado oficialmente en un partido político. Esta autodefinición fue considerada por la funcionaria mexicana al hablar de “perfil político similar” en relación con otros casos señalados.

Para reforzar su solicitud de refugio, Verduga incluyó referencias a otras situaciones que, a su juicio, evidencian persecución o inhabilitación injustificada de figuras políticas en Ecuador. Entre ellas mencionó el caso de Verónica Abad, actual vicepresidenta, quien habría sido apartada de sus funciones por el Ministerio de Trabajo, y el del excandidato Jan Topic, sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, lo que le impidió postularse a la Presidencia.

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