La indagación judicial por el ataque contra el precandidato Miguel Uribe mantiene un ritmo acelerado. El domingo 8 de junio de 2025, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se trasladaron a la URI de Usaquén para tomar declaración a Sandra Beatriz Castillo. 

(Te puede interesar: Temblor en Colombia hoy: Fuerte sismo se sintió en Ecuador este domingo 8 de junio)

La cual fue identificada en grabaciones de seguridad dialogando con el supuesto sicario minutos antes del crimen. De acuerdo con información publicada por el periódico El Tiempo, Castillo, una mujer de aproximadamente 50 a 60 años, acudió voluntariamente a declarar acompañada de su representante legal.

Durante su testimonio, rechazó categóricamente cualquier conexión con el ataque ocurrido el sábado en el Parque El Golfito (barrio Modelia, Bogotá), durante un acto político del Centro Democrático. La declarante afirmó que su contacto con el sospechoso fue incidental y sin relación con los hechos violentos.

El presunto agresor, un menor de 14 años, fue detenido poco después del incidente. Según las autoridades, enfrentará cargos por tenencia ilícita de arma e intento de asesinato. Por su condición de menor de edad, de ser declarado culpable, sería remitido a un Centro de Atención Especializada (CAE).

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), avanza en la fase de contraste de declaraciones, revisión de material videográfico y examen de evidencias.

Autoridades enfrentan un doble reto tras este hecho

La declaración de Castillo constituye un elemento fundamental para establecer posibles escenarios de planificación previa o inducción al delito por parte de actores externos. El ataque contra el precandidato presidencial Miguel Uribe ha provocado una conmoción nacional, tanto en el ámbito político como social.

Actualmente, Uribe se encuentra hospitalizado en la Fundación Santa Fe con pronóstico reservado, tras ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por heridas de bala en la región craneal. Autoridades judiciales han verificado que el arma empleada fue una pistola Glock de 9 mm.

Este incidente ha reabierto la discusión sobre los protocolos de protección para figuras políticas en Colombia, sumado a la alarma generada por la participación de adolescentes en crímenes graves. Tanto la ciudadanía como los dirigentes políticos demandan acciones inmediatas y soluciones concretas. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!