Ciro Espinel se quedó sin clientes de un ‘plumazo’. Este lustrabotas fue la víctima indirecta de la disolución de la Asamblea Nacional, decretada por el presidente Guillermo Lasso.

Y ayer, en el primer día del cierre del Palacio Legislativo, Espinel, de 84 años, buscaba desesperado a alguien que se acercara a su pequeño puesto, ubicado en la calle Piedrahíta, para lustrarle los zapatos.

Es difícil comprenderlo porque apenas puede hablar, pero en esas frases casi inentendibles dice algo desesperante: “Me quedé sin nada”. Espinel es oriundo de Alaquez, Cotopaxi, y llegó cuando era muy niño.

Hace dos décadas aproximadamente se asentó en frente al Congreso. “Cuando teníamos moneda propia, ganaba como 100 sucres. Ahora, antes de todo esto, conseguía unos 15 dólares”.

Aferrado a sus tres viejas cajitas de madera se levanta y se sostiene de un bastón para irse a su casa porque los legisladores no llegarán, al menos, unos seis meses hasta su quiosco.

El sufrimiento

Espinel se aleja en medio de los militares y policías que custodian el edificio legislativo. Asimismo, impiden que entren los exasambleístas que calificaron de inconstitucional la decisión de Lasso porque no se está viviendo una conmoción social, como lo detalló para ampararse en ese decreto.

“Esto nos fregó completamente y más a mi mamá, que es de la tercera edad”, lamentó Maribel Farinango, hija de María Guamán, quien ha laborado casi cinco décadas, asimismo, frente a la Asamblea.

Maribel cuenta que su madre tiene una enfermedad en los riñones que la obliga a hacerse diálisis todos los días. Y la venta de chocolates, caramelos, mentas, chupetes, tabacos, aguas... le permitía comprar medicamentos que alivian en algo su malestar.

“Mi mamá es bien conocida entre los asambleístas. Ellos venían a hacerle el gasto y conversaban. Cuando había sesiones nos quedábamos hasta las diez de la noche, pero ahora no sabemos qué hacer”, decía preocupada Maribel mientras se preparaba para vender a sus clientes momentáneos: policías y militares.

Las tiendas

Este panorama al interior del cerco que se puso para impedir el paso de exlegisladores también se lo vivía en las afueras, principalmente en las tiendas. Cristina López, por ejemplo, puso su negocio de abarrotes hace cinco años y ha sido punto frecuente de los honorables.

“Siempre han venido. La verdad no sé bien los nombres, porque se les conoce solamente por las caras, pero sí compraban”.

López, de 40 años, contó que el producto que más le llevaban eran los cevichochos. Pero ahora, con el cierre de, al menos, seis meses de la Asamblea, la comerciante cree que sus ingresos tendrán una disminución, de al menos, un cincuenta por ciento.

“Ahora solo nos toca esperar a ver lo que pasa, porque estamos en una incertidumbre terrible”, lamentó Norma Recalde, moradora de la calle Hermanos Pazmiño, cercana a la Asamblea.

Ella ayuda en la atención de una tienda, a donde también llegaban los asambleístas o incluso sus asesores. “Compraban muchas frutas, jugos o aguas. Ahora, como ve, no hay nadie”, detalló la mujer que rogaba que la situación política del país se solucione para bien.

Los controles se van de largo

Víctor Herrera, comandante de Policía del Distrito Metropolitano de Quito, informó que actualmente hay un contingente policial de 235 uniformados, porque el riesgo al que se enfrentan ahora es bajo. “Estamos distribuidos en el cerco interno y externo y para el ingreso de trabajadores administrativos se ha dispuesto un protocolo”.

Ayer estaba prevista su entrada para laborar. Herrera confirmó que a partir del 22 de mayo está previsto que lleguen los exasambleístas para llevarse sus cosas. “Son alrededor de 1.700 personas que laboraban en el interior y eso requiere tiempo y control para llevar a cabo la salida de los exlegisladores”, informó el oficial.