No pasaron desapercibidas las reiteradas menciones al alcalde de Durán, Luis Chonillo, en escuchas telefónicas y chats extraídos del proceso contra alias Negro Tulio. Por ello, un tribunal penal ordenó a la Fiscalía que abra una investigación previa en su contra.

Aunque no ha sido procesado formalmente, su nombre aparecería en amenazas, reclamos por contratos y presuntos favores políticos que lo vincularían con la estructura delictiva liderada por Julio Martínez Alcívar, cabecilla de los Chone Killers.

¿Realmente aportaron dinero a la campaña de Luis Chonillo?

Uno de los fragmentos más comprometedores consta en la transcripción de un audio entre Negro Tulio y un interlocutor, cuya identidad no estaba precisada en el expediente.

En esa conversación, el líder de la organización criminal, al parecer, se queja por no haber recibido lo acordado tras supuestamente apoyar electoralmente al actual alcalde: “menciona que Wacho y él invirtieron en la campaña de Chonillo”.

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Más adelante, lanzaría una advertencia directa acerca de que le “va a tocar proceder mal contra ellos, aun cuando esté custodiado”, en referencia a Chonillo y al entonces subgerente de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), Luis Samaniego, quien también fue uno de los procesados en este caso, pero en la etapa preparatoria de juicio fue sobreseído.

Las amenazas reflejadas en el expediente contra Negro Tulio

En otra de las escuchas, el líder criminal presionaría a Samaniego para que se cumplan ciertos compromisos: el ingreso laboral de sus allegados y la entrega de contratos. Allí menciona que antes supuestamente le daban $5 mil, luego $3 mil y que ya no recibía nada, pese a que, según él, en la ATD se habrían entregado contratos por 15 o 19 millones de dólares.

“Lo amenaza con sacar a la luz pública todo lo que sabe de Chonillo o que va a haber un reguero de sangre, dice que va a ‘pitiar’ a Chonillo y eso también lo va a salpicar a Samaniego”, se precisa en el cuerpo de la investigación.

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En los documentos también se habla del supuesto ingreso de familiares, del aumento de sueldo a un sobrino y del intento por colocar a una persona en una vacante dentro del Municipio.

Según los informes periciales, muchas de estas presiones sí se habrían concretado, pues algunos de los mencionados habrían terminado contratados o beneficiados con adjudicaciones.

En el expediente consta que los fondos que circulaban supuestamente eran trasladados entre cuentas personales, incluyendo la de otra procesada: Sheyla Campusano, hija de una de las líderes de la organización (Alexandra Estrada, esposa de Negro Tulio), y a través de empresas como Arkhe Proyectos y Construcciones S.A., presuntamente vinculadas con contratos municipales.

Señalamiento judicial para Luis Chonillo

El 30 de junio de 2025, el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado condenó a alias Tulio y a otros 20 procesados a penas de entre 10 y 13 años de cárcel por delincuencia organizada. Pero al identificar las múltiples menciones al nombre de Chonillo, especialmente en contextos de corrupción y amenazas, ordenó a la Fiscalía abrir una investigación previa en su contra.

Los jueces también remitieron información a la Contraloría y a la Procuraduría, a fin de que se investigue la legalidad de los contratos públicos mencionados en las grabaciones.

Reacción del alcalde Luis Chonillo

En consecuencia, Chonillo, a través de un comunicado emitido el 2 de julio, negó cualquier relación con organizaciones delictivas y aseguró que si su nombre aparece en ese expediente, es sin su consentimiento ni conocimiento.

El alcalde de Durán reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía y las instancias judiciales. Subrayó que su administración ha actuado con transparencia y ha sido incluso víctima de ataques criminales, como el atentado que sufrió el día de su posesión.

La presunta red de Negro Tulio

Las transcripciones de estas grabaciones son parte del expediente por delincuencia organizada contra Negro Tulio y más de 20 presuntos integrantes de su organización, algunos de ellos funcionarios del Municipio, el Cuerpo de Bomberos y la ATD.

Esta causa reveló una presunta red que operaba desde el poder local para facilitar contratos, colocar allegados en puestos claves e incluso traficar drogas usando vehículos institucionales.

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