El pago de pensiones de padres migrantes fue el punto tratado por la Comisión de Justicia el pasado 4 de septiembre. Esta propuesta es parte del proyecto de reformas del Código de la Niñez. Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, fue quien sacó a relucir el tema migratorio en la cita de la comisión.

“En todo momento hay que precautelar que en la normativa se desarrollen, cabalmente, los derechos de niños, niñas y adolescentes, recogiendo, para tal efecto, las disposiciones de la Convención de Derechos de la Niñez, del Comité de Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas y la Constitución del Ecuador”, manifestó Rivadeneira.

Con esto se plantea facilitar el cobro de pensiones a alimenticias a padres residentes en el exterior, ya que este ha sido un “problema invisibilizado”. En la reunión se tomó en cuenta la situación de los hijos de padres migrantes y se recalcó que actualmente se dificulta la ubicación y la información de los progenitores que viven fuera.

En su argumentación precisó que la Cancillería aplica una norma que dispone guardar en reserva los datos de los ciudadanos y la confidencialidad con respecto a estos. Por lo que muchas veces quien debe solicitar alimentos no conoce el domicilio, y no puede obtener la información y peor aún, demandar.

“Sin embargo, existen convenciones internacionales que indican que los derechos de alimentos deben estar por encima de la confidencialidad de la información, así el Código debe dar viabilidad a que los demandantes conozcan los domicilios que han sido registrados en los consulados”, agregó

Privación de libertad

En el caso de los padres que incumplan el pago de pensiones alimenticias, se plantea la alternativa de establecer una medida parcial. Es decir que el progenitor debería pasar la noche en detención y en la mañana acudir a su lugar de trabajo.