Una extrabajadora de Petroecuador, con casi dos décadas de trayectoria en la empresa estatal, presentará una acción de protección constitucional contra el Estado ecuatoriano tras ser cesada de forma que considera "intempestiva e injustificada", en el marco de los despidos masivos anunciados por el Gobierno el pasado 24 de julio.

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La exfuncionaria, quien se desempeñaba como contadora en el área financiera, planea recurrir a la justicia por lo que considera una vulneración de sus derechos laborales y constitucionales. Su defensa legal, encabezada por el abogado Luis Ávila Linzán, confirmó que la demanda será ingresada este martes.

“Este martes se presentará la demanda de protección, en vista de la forma intempestiva e injustificada en la que terminó su relación laboral”, explicó Ávila en diálogo con este Diario.

Según indicó el defensor, la trabajadora no tenía observaciones en su hoja de vida y había superado satisfactoriamente las evaluaciones de desempeño. Por ello, su despido se interpreta como una medida arbitraria y carente de fundamento legal.

¿Cómo se notificaron los despidos en Petroecuador?

El caso de esta contadora no es aislado. De acuerdo con denuncias públicas hechas por gremios sindicales del sector energético, al menos 246 empleados de Petroecuador fueron separados en circunstancias similares.

Tanto la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) como el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) se manifestaron en rechazo a la forma en que se ejecutaron los despidos. En un comunicado conjunto, expresaron su indignación por la forma en que los trabajadores fueron notificados.

“Las notificaciones llegaron de madrugada y sin previo aviso. El objetivo parece haber sido evitar reacciones inmediatas”, señalaron los sindicatos.

La reacción gremial también alerta sobre la falta de transparencia y de aplicación de procesos justos en la desvinculación del personal.

¿Más demandas individuales o colectivas en camino?

El abogado Luis Ávila señaló que ha recibido varias consultas similares en los últimos días. “Varias personas están considerando presentar demandas individuales o colectivas en las próximas semanas”, comentó.

Añadió que muchos de los afectados se encuentran aún en estado de shock emocional, pero que poco a poco están reaccionando frente a lo que califican como un abuso del poder institucional.

La situación genera expectativa no solo en el ámbito laboral sino también en el judicial, ya que una resolución favorable para esta exfuncionaria podría marcar un precedente legal frente a despidos masivos en el sector público, obligando a una revisión de la política estatal de reducción de personal.

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