La Defensoría del Pueblo en Ecuador ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la prohibición de salida del país del presidente, Lenín Moreno, y otros altos cargos en una denuncia en la que se les acusa de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto social de octubre de 2019.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hizo pública la denuncia presentada este martes ante la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019, en la que solicitó a las autoridades que se prohíba la salida del país del presidente, ministros como el de Defensa y otros cargos.

Carrión se presenta en el informe como "conocedor de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las víctimas de la represión de octubre de 2019, establecidas en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ)".

Se trata de una Comisión establecida por la Defensoría para analizar lo ocurrido en ese contexto a raíz de las denuncias ciudadanas de supuestas vulneraciones de los derechos humanos durante las manifestaciones contra el decreto ejecutivo 883, que eliminaba históricos subsidios a los combustibles y desataron una conflictividad sin precedentes en la historia reciente del país.

Solicitó además en su denuncia a la Fiscal General, Diana Salazar, que considere la formulación "urgente" de cargos contra los presuntos responsables de esas violaciones.

La Defensoría dio a conocer la semana pasada un duro informe en el que apuntaba a la presunta comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado ecuatoriano en base a los resultados de la CEVJ.

En su petición, el defensor del Pueblo recoge los nombres de decenas de supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos y precisa que se basan en "519 testimonios, provenientes de la recopilación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los recibidos por la propia CEVJ durante su mandato".

De ese universo, aclara, 249, "corresponderían a vulneraciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre", de los que se desprende que 189 habrían sido cometidas por personal de la Policía Nacional y 34 de las Fuerzas Armadas.

"Las violaciones a los derechos humanos registradas tienen relación con violaciones al derecho a la integridad personal, que incluye lesiones oculares graves, al derecho a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida y violencia sexual", reza la denuncia.

La Defensoría del Pueblo indica que "se logró establecer que seis personas fallecieron durante el paro nacional de octubre de 2019, constituyéndose una presunta violación de derechos humanos bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, ya que el sujeto activo del delito sería un agente estatal".

Carrión identifica como autores o encubridores del delito denunciado o que puedan tener conocimiento del mismo al presidente, Lenín Moreno; a la exministra de Gobierno María Paula Romo; al excomandate general de la Policía Nelson Villegas; al director general de Operaciones de la Policía Nacional en el momento de los hechos, Patricio Carrillo, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, entre otros cargos públicos.

También incluye como presuntos autores a efectivos policiales y militares que actuaron en el marco de las protestas entre el 3 y el 16 de octubre del 2019.

El titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, calificó hoy el informe de la Defensoría de "discriminatorio, parcializado, incompleto y sesgado", y afirmó que las Fuerzas Armadas "no dispararon un solo tiro", que "jamás se utilizó armamento letal", y que cumplieron con su deber constitucional de dar apoyo durante el estado de excepción para estabilizar la situación de conflictividad.