Lo que antes era un desfile cívico para celebrar el aniversario de cantonización se transformó este año en una poderosa manifestación ciudadana contra la violencia. 

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El sábado 2 de agosto, cientos de habitantes de General Villamil Playas salieron a las calles en una marcha pacífica que estuvo precedida por una misa campal el viernes. No hubo música ni banderas festivas, sino camisetas con los rostros de víctimas, globos blancos, flores y un mismo clamor: justicia y seguridad.

La Marcha por la Paz fue la respuesta a una masacre ocurrida el 19 de julio, que dejó once jóvenes asesinados. El hecho, que se suma a una larga lista de crímenes impunes, detonó la indignación de una comunidad cansada de vivir con miedo. “Nunca hemos sabido que capturen a un solo criminal”, dijo Eulogio Zambrano, uno de los manifestantes, reflejando la frustración generalizada.

Gloria Ávila avanzaba con el retrato de su hijo, muerto por una bala perdida. Más atrás, un comerciante relataba cómo sicarios mataron a un cliente dentro de su bar y luego balearon a sus dos nietos que jugaban afuera. Ambos murieron. “Aquí todos somos víctimas”, fue el mensaje que unió a comerciantes, pescadores, hoteleros y trabajadores del turismo, quienes denunciaron extorsiones, amenazas y cierres forzados de negocios. La economía local está herida y el turismo, deprimido.

Los pedidos de los guayasenses a las autoridades

La marcha culminó en el malecón, donde se encendieron velas frente a las fotografías de las personas asesinadas. Allí se leyeron en voz alta ocho exigencias ciudadanas dirigidas al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, al GAD Municipal y al MIES. Son pedidos concretos que buscan respuestas urgentes y sostenidas:

1. Intervención total en seguridad: Despliegue permanente y coordinado de policías, militares y Armada en todo el cantón.
2. Cámaras de videovigilancia: Instalación de dispositivos conectados al ECU-911 en puntos estratégicos.
3. Iluminación pública: Reparación y dotación completa del alumbrado en calles, parques y el malecón, a cargo de CNEL.
4. Permanencia militar: Mantenimiento indefinido de la base temporal en San Antonio, con financiamiento estatal.
5. Investigación de la masacre: identificación de autores materiales e intelectuales.
6. Recompensas por información: Incentivos económicos para quienes colaboren en la captura de los responsables.
7. Redirección del presupuesto: Utilización de los fondos de las festividades suspendidas en infraestructura de seguridad, como un centro de monitoreo y apoyo a la fuerza pública.
8. Apoyo económico a víctimas: Entrega de bonos por parte del MIES a las familias que perdieron a su sostén económico debido a la violencia.

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