¡Sobreviven con 67 dólares mensuales!

Olga María Guapi y su esposo Manuel Cepeda hablan de sueños... Dicen que anhelan ver a su hija mayor convertida en licenciada; a la menor, en abogada. Por un momento olvidan que son pobres. Y que sobreviven, en parte, gracias al Bono de Desarrollo Humano que el Estado les entrega mensualmente desde 2015.

San Roque, Quito. Viernes, 13:20. Un zaguán oscuro –paredes altas y descoloridas– nos conduce hasta unas escaleras desgastadas. Rechinan con cada paso. En el segundo piso, una puerta de madera se abre ante un pasillo por el que entran unos débiles rayos de sol. Adentro está la casa –o mejor dicho, la habitación– de Olga, de 36 años.

Mide apenas unos cinco metros cuadrados. Hay dos armarios viejos, un televisor antiguo y una sola cama de dos plazas. En esta duermen las dos niñas, de 15 y 8 años. Mientras que Olga y Manuel (nacidos en la provincia de Chimborazo), cada noche, colocan cartones en el suelo y se acurrucan hasta el día siguiente. O hasta las dos de la mañana, cuando él se despierta para ir a trabajar.

Esta tarde, Wilson Villamarín, técnico del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ha llegado a la casa de Olga.

Actualmente esta cartera de Estado se encuentra en proceso de actualización del Registro Social, administrado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), a las personas beneficiarias de bonos y pensiones (para adultos mayores, personas con discapacidad y demás).

¿Cuánto gasta mensualmente en luz?, les pregunta Villamarín. Cuatro dólares, responde Manuel. ¿En agua? Cinco. ¿En arriendo? Treinta... No tienen ducha, ningún lujo. Y durante las últimas dos semanas, tampoco han tenido para solventar –por completo– la alimentación de la familia.

Los datos sirven para saber si este –o cualquier otro– núcleo familiar debe seguir recibiendo el bono.

Según el viceministro de Inclusión Económica, Marco Cazco, desde junio de 2018, cuando empezó el proceso de actualización, se incluyó como nuevos beneficiarios a 40.614 personas, pero 48.697 quedaron fuera porque ya no están bajo la línea de pobreza. Esto a escala nacional.

Olga está enferma. Dice que sufre de epilepsia. Tres o cuatro ataques a la semana. Con el tratamiento médico que ha recibido su salud ha mejorado. Aún así, no puede trabajar. Cuida de sus hijas durante el día. En las mañanas les prepara el desayuno: sopa de fideo. Y en el almuerzo, colada de máchica. No le alcanza para más.

Los padres de Olga viven en una habitación contigua. A veces los ayudan “con cualquier cosita”. No es suficiente. Por eso Manuel –de estatura baja y piel canela–trabaja como cargador en el Mercado Mayorista. En feriados, dice resignado, gana 15 dólares al día. Pero generalmente alcanza a reunir solamente 10.

“Por cargar un saco de choclos antes me pagaban 0,50 centavos... hoy me dan 0,25”, afirma. Y sostiene que la llegada de extranjeros ha afectado aún más su economía.

“Vivir así de pobre es lo peor para una persona... Tener a mi lado a mi esposa con esa enfermedad es lo más triste en mi vida. Pero Dios sabe por qué y para qué”, lamenta. Los dos, marido y mujer, se quiebran encerrados en esas cuatro paredes de adobe. Y enseguida se reponen ante las preguntas de Villamarín que continúa.

Durante tres años, Olga recibió el Bono de Desarrollo Humano (50 dólares al mes). Desde 2018 cambió, para ella, a Bono de Desarrollo Humano en modalidad variable. Esto, debido a las cargas familiares: las dos niñas que están estudiando. Ahora recibe 67 dólares al mes.

No recuerdan cuándo fue la última vez que cenaron fuera de casa. Tampoco cuándo compraron ropa nueva. Cogen lo que la gente les regala. Y no se quejan. Sonríen y se despiden con la ilusión de que esos sueños que tanto anhelan algún día se harán realidad.

El viceministro Cazco dice que el MIES atiende a 926 mil familias que se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Pero aún existe un 8,4% de la población ecuatoriana que no recibe ningún beneficio y que vive en esas condiciones. Añade que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ha identificado sectores pobres en los que habría unos 120 mil hogares sin coger el bono o pensión. El objetivo: llegar a estas personas.

En las provincias de Guayas, Manabí y Morona Santiago existe el mayor número de beneficiarios. Las dos primeras por la concentración de pobladores, y la última por la condición de pobreza que hay en la región.

730 millones de dólares para bonos

El viceministro de Inclusión Económica, Marco Cazco, señaló que el ministerio cuenta con 730 millones de dólares para 2019. El mismo presupuesto que tuvieron en 2018 para cubrir con las necesidades de bonos y pensiones.

Habló sobre bonos de contingencia, que son ayudas momentáneas para eventualidades, como desastres naturales, muertes violentas, desaparecidos... También dijo que las personas que han quedado fuera del bono por error pueden acercarse a los balcones de servicio para reagendarles una cita y tratar el problema.

Aunque aseguró que este es un proceso técnico y no discrecional, en el que actúan otras instituciones como el Senplades, INEC, MIES, Ministerio de Finanzas.

Explicó, además, que el Registro Social es un catastro que tiene un conjunto de indicadores que permite determinar las principales privaciones de derechos de todos los hogares, como: educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación; hábitat y vivienda; ambiente sano en los hogares.