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Diario Extra Ecuador

Caso Las Malvinas: Corte Constitucional condena al Estado por desaparición forzada

El Estado ecuatoriano deberá pedir disculpas públicas y pagar indemnizaciones por la desaparición de cuatro menores en Guayaquil a manos de militares

Los familiares y allegados de las víctimas organizaron una jornada al cumplirse un año de la desaparición de los menores.

Los familiares y allegados de las víctimas organizaron una jornada al cumplirse un año de la desaparición de los menores.GERARDO MENOSCAL

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En un dictamen histórico para la protección de los derechos humanos y la infancia en Ecuador, la Corte Constitucional (CCE) publicó la sentencia 1732-25-EP/26. 

En este documento, el organismo declaró al Estado como responsable de la desaparición forzada de Josué, Ismael, Steven y Nehemías. La resolución califica la intervención de las patrullas militares como "ilegal, arbitraria e ilegítima".

(Te invitamos a leer: Un año después: así viven la Nochebuena los padres de los cuatro niños de Las Malvinas

El caso: Una noche de arbitrariedad estatal

Los trágicos sucesos se remontan a la noche del 8 de diciembre de 2024. Según consta en el expediente judicial, patrullas bajo el mando del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvieron ilegalmente a los cuatro menores.

La Corte ratificó que, tras la captura, las instituciones estatales ocultaron información real sobre el paradero de los niños. Las autoridades entregaron respuestas "tardías y contradictorias", lo que consolidó la figura legal de desaparición forzada. 

Asimismo, el fallo denunció la estigmatización que enfrentaron las víctimas y sus parientes debido a su etnia y situación económica durante las primeras etapas del proceso.

Las familias de los menores han seguido de cerca el desarrollo de la investigación.

Las familias de los menores han seguido de cerca el desarrollo de la investigación.Francisco Flores / EXTRA

Medidas de reparación integral

Para intentar resarcir el daño y evitar que se repitan estos atropellos, la Corte ordenó acciones de cumplimiento obligatorio: 

  • Disculpas Públicas: El Comandante General de la FAE debe liderar un evento público para admitir la culpa del Estado y pedir perdón a las madres y familiares.
  • Reparación Económica: A través del Ministerio de Defensa, el Estado pagará 10.000 dólares a los padres de cada niño por daño inmaterial, sumado a 5.000 dólares por cada núcleo familiar.
  • Memoria histórica: Se instauró el 8 de diciembre como día conmemorativo para los cuatro menores. 
  • Instituciones como la Asamblea Nacional deberán realizar actos anuales en su honor.
  • Salud Integral: El Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de brindar atención psicológica y psiquiátrica gratuita, continua y especializada a los familiares.

Un llamado contra la impunidad y el racismo

Este dictamen no solo busca justicia para las familias del sector de Las Malvinas, sino que marca un límite contra la discriminación estructural. La Corte enfatizó que "nadie está por encima de la ley". 

Además, subrayó que los operativos de seguridad no pueden ejecutarse bajo prejuicios sociales o raciales.

Con esta decisión, el máximo organismo de control constitucional envía un mensaje claro a las Fuerzas Armadas: salvaguardar a la niñez es un deber ineludible, incluso en tiempos de guerra contra el narcotráfico.

Archivo del 23 de diciembre de 2024 que muestra dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas.

Archivo del 23 de diciembre de 2024 que muestra dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas.EFE.

Unas disculpas públicas inéditas

La sentencia incluye un texto extenso que el Comandante General de la FAE deberá leer públicamente. En sus fragmentos más críticos, el documento señala: 

"El Estado reconoce con vergüenza y dolor su responsabilidad por la desaparición forzada y posterior muerte de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro niños afrodescendientes arrebatados de su libertad y su derecho a vivir dignamente por patrullas militares subordinadas al Ministerio de Defensa y a la FAE".

El Estado también admite que las Fuerzas Armadas fallaron en proteger la vida y garantizar los derechos humanos. Reconoce que hubo declaraciones oficiales que "estigmatizaron a las víctimas y sus familiares, reforzando prejuicios sobre la niñez pobre de Guayaquil". 

El perdón solicitado busca que el acto no sea "un gesto simbólico vacío, sino el inicio de un camino irreversible hacia la verdad, la justicia y la reparación integral para que hechos tan atroces no se repitan jamás".

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