Con el objetivo de recuperar el control operativo del tránsito y combatir la corrupción en las vías del país, el Gobierno ecuatoriano ha delegado oficialmente a la Policía Nacional la gestión de 25 tramos de carreteras distribuidos en 15 provincias. Esta decisión marca un cambio estructural en el manejo de la seguridad vial, antes controlado en gran parte por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

(Lee además: Fuera por corruptos: Policía quita el control del tránsito en carreteras a la CTE)

La medida fue formalizada el 17 de abril de 2025 mediante el Acuerdo Ministerial 25-19-ACU, firmado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Este documento da paso a la implementación inmediata de la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, Pública y de Protección Interna en la Red Vial Estatal, articulada con el Ministerio del Interior desde noviembre de 2024.

¿Cuándo empezará a operar la Policía Nacional en carreteras?

Aunque el acuerdo ya está en vigor, las operaciones efectivas de la Policía comenzarán el 12 de mayo de 2025, debido a una fase de transición con la CTE. La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial (Dnctsv), brazo operativo de la Policía en esta área, será la encargada de ejecutar los controles en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

¿Dónde se aplicará el nuevo control policial?

El nuevo modelo de control se aplicará en tramos considerados estratégicos por su tráfico y vulnerabilidad. Las provincias involucradas son:

• Santo Domingo
• Esmeraldas
• Manabí
• Pichincha
• Cotopaxi
• Bolívar
• Chimborazo
• Cañar
• Azogues
• Morona Santiago
• Loja
• Zamora
• El Oro
• Guayas
• Los Ríos

Conoce también, en el siguiente fichero, los tramos específicos de las provincias mencionadas:

Esta intervención surge tras múltiples denuncias y reportes de abusos cometidos por agentes de la CTE, especialmente contra transportistas pesados. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados del Ecuador (Fenatrape), celebró la decisión y declaró: “Nos llevamos una gran noticia, ya legalmente la Policía regresa a las carreteras para darnos seguridad”.

¿Qué implica esta decisión para el tránsito y la seguridad vial?

La transición representa un intento por devolver confianza ciudadana en los controles viales y fortalecer la lucha contra la corrupción. A su vez, se espera que la intervención policial incremente la eficiencia en operativos de tránsito, reduzca extorsiones a conductores y garantice mayor transparencia en los controles en carretera.

Aunque la CTE y la ANT seguirán existiendo como entidades reguladoras, deberán acatar el nuevo liderazgo operativo de la Policía Nacional en las zonas definidas como prioritarias. Se prevé que esta experiencia pueda escalarse a otras rutas del país conforme se evalúe su efectividad en los próximos meses.

Hasta el cierre de esta nota, la CTE no se había pronunciado públicamente sobre el cambio.

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