Con prisión preventiva por sesenta días y procesados por del delito de extorsión se hallan, desde el  11 de junio, dos policías en servicio activo. Son un sargento segundo y un cabo primero que prestaban sus servicios en el Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Sur de Turi, en Cuenca, provincia del Azuay.  A los dos gendarmes se suman dos  agentes de seguridad penitenciaria y una exprivada de la libertad.

Durante la audiencia de formulación de cargos cumplida la noche del jueves 11 de junio, el juez de Garantías Constitucionales le dictó arresto domiciliario a una de las guías por haber dado positivo para COVID-19.

A los detenidos se los investiga, además, por el presunto delito de introducción de droga, celulares y otros objetos prohibidos al centro carcelario.

Después de 7 meses de investigaciones, los sospechosos fueron detenidos mediante un operativo que incluyó allanamiento a sus viviendas.

Según la información proporcionada por el coronel Ángel Zapata, jefe del Comando de Policía del Azuay, los aprehendidos serían parte de un grupo que, mediante mensajes o llamadas telefónicas, exigían dinero a los familiares de los internos a cambio de supuestamente brindarles seguridad y mejor trato; caso contrario atentarían contra la vida de los privados de la libertad.

Hay evidencias sobre ello, dijo el jefe policial. Citó libretas de ahorros de una cooperativa, donde presuntamente constan los depósitos como pago de los familiares de los internos, exigidos por los acusados.

Igual figuran como evidencias los teléfonos celulares donde se registran los mensajes y llamadas a las víctimas, agregó.

Entre lo incautado también existen 3 armas de fuego, 114 municiones de diferentes calibres, chaleco de protección balística, un vehículo marca KIA y droga.