La indignación recorre los barrios de Quito. Vecinos del norte, centro y sur denuncian que este 2025 se encontraron con un duro golpe al bolsillo: un incremento inesperado y, según ellos, injustificado en el impuesto predial. Las cifras que aparecen en las facturas aumentarían considerablemente lo que pagaban, todo por obras de adoquinado o asfaltado, que aseguran fueron anunciadas como gratuitas bajo el esquema de presupuestos participativos.

La sorpresa llegó al revisar los nuevos valores. Muchos descubrieron que ahora deben cubrir montos que en algunos casos se multiplican por diez y que, para colmo, se prorratean durante una década. La queja es que no solo subieron los cobros, sino que en algunos casos se aplicarían a obras hechas con materiales reciclados o que ya habrían contado con presupuesto asignado.

En La Pulida Alta, Grace Palma recuerda que cuando ofrecieron adoquinar la calle, les aseguraron que sería con fondos municipales de presupuestos participativos. Sin embargo, la administración actual empezó a incluir el costo en el predial: su pago anual pasó de 200 a 800 dólares.

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Su vecino, Jhonny Puga, afirma que el tramo adoquinado entre 2023 y 2024 está sobrevalorado; antes pagaba 60 dólares, ahora 600. En cambio, Mariana Villiza recibió un cobro de 1.200 dólares anuales porque el Municipio considera que su vivienda no comparte frente con otro predio, aunque el terreno vacío pertenece al Cabildo.

Adulto mayor con un fuerte pago

En las mismas calles, Alberto Parra, adulto mayor, pasó de 85 a 240 dólares por el asfaltado de 100 metros que carece de señalización. Patricia Llanos, residente desde hace siete años, vio su predial subir a 365 dólares por una vía de apenas 300 metros. Fanny Cachipuendo afirma que las cifras son impagables y pide que se eliminen estos cobros.

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El malestar no se queda allí. En el Centro Histórico, vecinos de El Placer pagaron por una obra que fue levantada meses después. En Caupicho, María José Caiza recuerda que el adoquinado de dos cuadras, financiado con presupuesto participativo, costó 65.000 dólares, pero ahora debe pagar 470 dólares anuales durante diez años. En Habas Corral, una avenida construida con el mismo sistema también fue cobrada como contribución especial.

Fiscalización de concejal de Quito

El concejal Fidel Chamba inició una fiscalización a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) por denuncias en sectores como Calderón, La Ecuatoriana, Martha Bucaram y La Pulida. Explica que, aunque los presupuestos participativos tienen un precio referencial, en algunos casos se estarían cobrando como “contribución especial por mejoras” a través del predial.

“Zona de influencia”

La Epmmop sostiene que el cálculo se basa en la “zona de influencia” y el avalúo del inmueble. En vías principales, el cobro se reparte entre todos los predios del Distrito; en calles locales, un 40 % lo asumen los predios frentistas y el resto, los beneficiarios de la zona. Aclaran que las obras con presupuesto participativo no generan este pago, pero que los vecinos pueden solicitar reliquidaciones si hay errores en la medición de frente, avalúo o si el predio no es beneficiario. 

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