A simple vista parecía un call center más, de esos que abundan en las grandes avenidas del norte de Quito. Pero detrás de esa fachada, presuntamente operaba una red criminal que, pese a que habría registrado jugosos ingresos mensuales, ni siquiera se habría tomado la molestia de afiliar a su personal al IESS.

El 5 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado vinculó a cuatro personas naturales y una jurídica al proceso penal que investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión, cometido desde una presunta empresa fachada, en la capital ecuatoriana. En esta causa ya están procesadas 40 personas, detenidas durante un operativo realizado en junio.

(Te invitamos a leer: Lista renovada: Los cerca de 100 países que puedes visitar con pasaporte de Ecuador)

En la audiencia de vinculación —realizada en el Complejo Judicial Norte— el juez anticorrupción acogió más de 40 elementos de convicción presentados por la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para los nuevos involucrados, además del congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. También se solicitó a la Superintendencia de Compañías la clausura provisional y suspensión temporal de la empresa.

Altos ingresos mensuales y baja afiliación en empresa de Quito

Uno de los datos más llamativos revelados por la Fiscalía fue el testimonio del contador de la firma, quien reconoció que la empresa registraba ingresos mensuales de entre 5.000 y 67.000 dólares, provenientes de cuentas bancarias en Ecuador y México. A pesar de ese volumen de dinero, aseguró que más del 80 % de los cerca de 100 trabajadores no contaban con contrato laboral ni afiliación a la seguridad social.

(Además: De EE. UU. a manos del hampa: así habría operado red policial que traficaba armamento)

La empresa, según las investigaciones, funcionaba desde una dirección distinta a la registrada formalmente y era utilizada como fachada para realizar extorsiones y amenazas, principalmente contra ciudadanos ecuatorianos y mexicanos. Las víctimas recibían correos y mensajes con contenido violento o sexualmente explícito, montado con técnicas digitales, y eran presionadas para pagar a cambio de evitar su difusión.

Vinculados en la investigación contra call center en Quito

Entre los vinculados figura una exgerente general y representante legal de la empresa, quien habría salido del país tras ser notificada por la Fiscalía y ahora tiene una orden de captura vigente. También fue procesada una mujer que habría asumido el cargo directivo posteriormente y poseería el 100 % de las acciones de la empresa.

Los otros procesados son el técnico de sistemas que luego fue ascendido a supervisor, y el ya mencionado contador. Según el expediente, se empleaban sistemas para ocultar las actividades ilícitas de los operadores, quienes además recibían bonificaciones si lograban recaudar más de 1.200 dólares mensuales.

¿Qué delito se investiga contra call center en Quito?

El delito que se investiga —delincuencia organizada— está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de 7 a 10 años de prisión. La instrucción fiscal se amplió por 30 días más para continuar con la recolección de elementos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!