Las municiones que Estados Unidos entregó como cooperación a Ecuador habrían sido desviadas por policías y vendidas al crimen organizado. Así lo sostiene la Fiscalía en el caso Depuración Azul, donde siete agentes (uno en servicio pasivo) y una persona civil enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada tras detectarse una red interna de tráfico de armamento.

Según la investigación, parte de ese material —armas, cargadores y proyectiles— fue entregado por la Embajada de EE. UU. a la Policía Nacional para combatir el crimen, pero terminó en manos de bandas delictivas mediante una presunta red conformada por funcionarios encargados de custodiar esos recursos.

Interceptaciones y encomiendas en el caso Depuración Azul

La Fiscalía expuso que el caso surgió a partir de una interceptación telefónica relacionada con otro proceso penal. En esas escuchas apareció el nombre de un cabo, guardalmacén en una unidad policial, quien mantenía comunicación con un supuesto encargado del rastrillo, como se conoce al área de control de armas institucionales.

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Ambos, según el expediente, habrían coordinado el envío de municiones a través de encomiendas por transporte interprovincial. En total, la Fiscalía habría detectado tres eventos clave en los que se enviaron o recibieron paquetes sospechosos. Parte del material incautado en esos operativos corresponde a donaciones estadounidenses.

Para defensa de procesados no habría elementos claros

Durante la audiencia de apelación realizada en Quito, los abogados defensores pidieron revocar la prisión preventiva de sus clientes, alegando que no existen elementos suficientes que prueben su participación en una organización criminal. Un abogado defensor aseguró que su cliente “solo cumplía funciones de inventario”, y que las comunicaciones interceptadas eran con otros custodios o con personal autorizado.

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Otros juristas sostuvieron que sus defendidos supuestamente no aparecen en videos, no se hallaron evidencias en los allanamientos y que ni siquiera se habría periciado el contenido de las encomiendas. También cuestionaron que se usen como indicios triangulaciones de llamadas o fotografías que no vinculan de forma directa a sus representados con los paquetes o las armas.

Una estructura interna en la Policía, según la Fiscalía

La fiscal Ruth Amoroso respondió que todos los involucrados mantenían conexiones entre sí, algunos incluso con personas privadas de libertad en la cárcel de Cotopaxi. También mencionó que la esposa de otro procesado habría sido parte de uno de los envíos. 

Según la tesis fiscal, la estructura aprovechaba cargos institucionales para sacar armamento de forma ilícita y comercializarlo con grupos delictivos.

Audiencia suspendida en caso Depuración Azul

El tribunal de apelación —integrado por los jueces Silvana Velasco, Esteban Coronel y Wiler Choez (ponente)— suspendió la diligencia para deliberar. La decisión sobre si se mantiene o no la prisión preventiva será notificada en los próximos días.

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