Una denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía del cantón Pujilí por la Prefectura de Cotopaxi, luego de un incidente ocurrido durante la ejecución de una obra vial en una zona rural del cantón. El hecho tuvo lugar el martes 3 de junio y motivó una reacción institucional encabezada por la prefecta Lourdes Tibán.

Según lo comunicado oficialmente por la Prefectura, la denuncia fue ingresada la noche del mismo martes, a las 20:30, en la Fiscalía de Pujilí. El documento acusa a la exasambleísta Gissela Molina Álvarez de incurrir en el presunto delito de paralización de servicio público al interferir en los trabajos de mejoramiento vial que se desarrollaban en el barrio Tawantinsuyo.

Barrio legalmente constituido

El sector donde se produjo el altercado está ubicado en jurisdicción de Pujilí y cuenta con reconocimiento legal por parte del Estado. Según la Prefectura, el barrio Tawantinsuyo fue formalizado mediante el Acuerdo Ministerial No. 033-21, emitido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) el 23 de agosto de 2021.

Esta comunidad está integrada por alrededor de 180 familias, conformadas mayoritariamente por personas indígenas migrantes, quienes han trabajado durante más de veinte años en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Entre sus prioridades se encuentran el acceso a servicios básicos y la mejora de su conectividad vial.

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De acuerdo con la versión institucional, entre las 11:30 y las 12:30 del mismo día, Molina se presentó en el lugar donde se ejecutaban las obras y transmitió en vivo por redes sociales presuntas irregularidades relacionadas con el uso de la maquinaria del gobierno provincial. Esta acción, según la Prefectura, interrumpió las labores de forma directa y generó tensiones con varios pobladores del sector.

La prefecta Lourdes Tibán calificó esta situación como un acto flagrante. En el comunicado se señala que solicitó a las autoridades competentes que se disponga la detención de la exlegisladora en un plazo de 24 horas, en conformidad con lo que establece la ley.

Obra con respaldo constitucional

Desde la Prefectura se defendió la legitimidad de la intervención, aludiendo a la necesidad histórica de la comunidad por este tipo de infraestructura. Tibán aseguró que la ejecución de la obra responde a un derecho reconocido por la Constitución ecuatoriana.

"No es un favor, es un derecho constitucional. La Constitución de la República garantiza el acceso a un hábitat adecuado, vivienda digna y condiciones óptimas de desarrollo”, expresó.

Además, se explicó que la intervención forma parte de una política territorial de inclusión y conectividad que busca fortalecer la movilidad en sectores rurales y mejorar el acceso a servicios para poblaciones organizadas.

Reunión comunitaria y continuidad del proyecto

Como respuesta inmediata al incidente, la Prefectura convocó a los representantes y socios del barrio Tawantinsuyo a una reunión de trabajo prevista para la mañana del miércoles 4 de junio, a las 09:00. En este encuentro, se espera coordinar la continuidad de las labores a través de mingas comunitarias, una práctica tradicional de trabajo colectivo.

El comunicado también destacó el compromiso institucional con el desarrollo de territorios históricamente excluidos. Se enfatizó que el objetivo de la obra es consolidar el tejido social de la comunidad y fortalecer su modelo de organización local, basado en la autogestión y la solidaridad.

En el mensaje final emitido por la institución provincial, se pidió respeto por el derecho de las comunidades a organizarse y participar activamente en su desarrollo. La Prefectura reiteró que toda interferencia que obstaculice estos procesos afecta directamente al bienestar colectivo de los habitantes.

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