Su casa resistió la furia del lodo y los troncos, pero ahora tiene una grieta que la pone en apuros de alquilar un cuarto para salir de su hogar. Así, diez días después del deslave en Santa Teresita del Valle, al suroriente de Quito, Viviana Chiluisa aún vive con la incertidumbre sobre su futuro.

Pero la desgracia de Viviana no es un caso aislado. Este deslizamiento avivó el debate sobre la construcción en zonas de alto riesgo en la capital ecuatoriana.

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Un estudio de la Universidad San Francisco revela que Quito, ubicada entre el imponente volcán Pichincha y fallas geológicas activas, es propensa a inundaciones, deslizamientos y otros desastres naturales.

Los meses de abril y mayo presentan el mayor conteo de eventos, con 235 y 160, respectivamente. Estos dos meses reúnen el 30% de eventos morfoclimáticos en 120 años.

Chiluisa no es la única víctima de esta realidad. José Pillajo, residente de Santa Teresita desde hace 28 años, ha vivido la angustia de tres deslizamientos. Con impotencia, denuncia la falta de monitoreo y la negligencia de las autoridades de turno, que convierten estas zonas en trampas mortales para sus habitantes.

Y es que la ciudad está plagada de construcciones en zonas de alto riesgo. Viviendas encaramadas en laderas, sobre montañas y junto a ríos son una realidad común. La erosión también amenaza hogares como en Carretas y en las riberas del Machángara.

En base a pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y el COE Metropolitano se identificaron tres sectores con mayor probabilidad de precipitaciones: sur de Quito, Valle de Los Chillos y laderas de Pichincha. Dentro de estos lugares, el Municipio priorizó 5 zonas: cuenca alta del río Machángara, laderas del Pichincha, río Pita, escombrera El Troje y el sistema vial del Distrito Metropolitano.

En 2021, el Municipio identificó 875 familias como potenciales beneficiarias para la reubicación o relocalización. El proceso es complejo y lento. Se evalúan las condiciones del terreno, la calidad de la vivienda, la situación socioeconómica de la familia y la legalidad de la propiedad.

Las autoridades reconocen que la situación geológica de Quito ha generado problemas en el tiempo y hacer un proceso de ordenamiento territorial bajo esas condiciones es complicado.

La directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, hace hincapié en la falta de conocimiento del riesgo y la necesidad de trabajar en la prevención. “Las personas vulnerables con escasos recursos no tienen los ingresos suficientes para vivir en zonas seguras y se asientan en espacios más periféricos y ahí hay riesgo”, señaló.

En San Francisco de Miravalle, los vecinos no temen deslizamientos. En 60 años no ha habido emergencias. Sin embargo, hay construcciones en laderas y algunas viviendas han colocado plásticos para evitar la erosión.

Gloria Castro, quien habita en este sector hace 60 años, cuenta que las autoridades sí le dijeron que su zona era de riesgo, pero ella no quiere abandonar su hogar. Se han unido con los vecinos para realizar mingas, limpiar sumideros y así evitar una desgracia.

Carrillo menciona que para evitar construcciones en zonas vulnerables se actualizan planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Además, elaboran el Plan de Riesgos de Desastres para prevención, proteger la biodiversidad y fortalecer el control del territorio.

La edil Analía Ledesma menciona que esta propuesta es mucho más restrictiva que la vigente en el tema de zonas de riesgo, ya que limita más las posibilidades de construir no solamente en el Ilaló, en el eje Pichincha, Atacazo, o en el Chocó Andino.

“Obviamente se respeta los sectores donde ya existe población, así se cuida lo que es necesario proteger y se evita construcciones que a futuro generarían problemáticas a la ciudadanía”, manifestó.

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