El terrible crimen de Luis Picho, residente del sector de Lumbisí, oriente de Quito, ya tiene un culpable, al menos, en primera instancia. Se trata de Carlos Oswaldo Tutillo Criollo, quien fue señalado como el autor de la decapitación de la víctima.

Carlos Oswaldo Tutillo Criollo fue sentenciado a 26 años de prisión por este asesinato perpetrado dentro del taller mecánico que era propiedad del implicado, en el terreno de la víctima, ubicado también en Lumbisí. El crimen, ocurrido la noche del 21 de marzo de 2024, fue planificado con la intención de causar un mayor sufrimiento a la víctima, según demostró la Fiscalía durante el juicio.

La tarde de esa fecha, Luis Picho fue hasta la mecánica de Tutillo Criollo, quien había arrendado parte del predio del victimado. Al parecer, se produjo una discusión entre ambos y fue en ese momento que se registró la muerte violenta. Fiscalía detalló que el sentenciado decapitó a Picho e intentó camuflar los restos en diferentes puntos del sector.

Entre las pruebas contundentes se recopilaron videos de seguridad, los cuales muestran cómo la víctima entró al taller y no volvió a salir. En cambio, se observaba al ahora sentenciado sacando bultos del lugar.

El testimonio clave en la investigación del crimen de Lumbisí

Además, el testimonio clave de un taxista reveló cómo transportó, sin saberlo, partes del cuerpo. El conductor declaró que Tutillo Criollo contrató dos servicios de taxi: en el primero, habría llevado la cabeza de la víctima; en el segundo, el resto del cuerpo.

Durante este segundo viaje, el fuerte olor de un costal alertó al taxista, quien le preguntó al pasajero qué contenía. El acusado respondió que era un perro muerto. Al sospechar de la situación, el conductor suspendió el servicio y le exigió que bajara con el costal.

En la investigación, Fiscalía ordenó pruebas. Un análisis de luminol en el taller reveló rastros de sangre. Además, una pericia genética confirmó que había sangre de la víctima en la ropa que Tutillo Criollo vestía el día del crimen.

Estos elementos fueron determinantes para probar la responsabilidad penal del acusado ante el Tribunal. La Fiscalía argumentó que el crimen fue ejecutado con sevicia y alevosía, dos agravantes contempladas en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 4 y 6.

Este artículo tipifica el delito de asesinato y establece penas de entre 26 y 30 años de privación de libertad. En este caso, se impuso el mínimo de la pena, aunque la gravedad de los hechos fue reconocida por el Tribunal.

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