Después de dos horas de debate, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó con 14 votos, cinco en contra y dos abstenciones la resolución de apoyo al alcalde Pabel Muñoz, quien enfrenta una acusación por supuesta infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Frente a esto, Mónica Jaramillo, una de las demandantes del burgomaestre, dijo a EXTRA que interpondrán una acusación en contra de los ediles que estuvieron a favor, puesto que estarían “interfiriendo en la justicia electoral”. “Esto pude afectar a la separación de las funciones del Estado”, advirtió.

Para ello, solicitarán el material de la sesión realizada la mañana de ayer para establecer los elementos de la causa. “Es reprochable que digan que lo hacen por garantizar la institucionalidad”, finalizó.

Esto referente a la acusación del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Esteban Guarderas y de Mónica Jaramillo, con respecto a la campaña electoral para las elecciones extraordinarias en las que participaron Noboa y Luisa González. Muñoz, compañero de partido (Revolución Ciudadana) habría participado de algunos spots con la excandidata.

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Ediles como Analía Ledesma se abstuvieron de la votación argumentando que "ahora que existe abierto un proceso contencioso electoral que garantiza el debido proceso y la efectiva defensa del señor Alcalde, el Concejo no debería emitir ninguna resolución que implique injerencia en la independencia de otras funciones del Estado".

Agregó también que "lo más importante para una sana convivencia democrática es dejar que cada Institución funcione desde su autonomía y en cumplimiento de sus objetivos y competencias legales y constitucionales".

El concejal Michael Aulestia votó en contra. Comentó a EXTRA que la resolución es solamente declarativa y que hay cosas más importantes que debatir en el legislativo. Aclaró también que "como Concejo Metropolitano no le podemos decir a ningún organismo qué debe o no hacer".

Por otro lado, creyó infructuoso tratar el tema cuando hay temas a tratar como la fiscalización a la ejecución presupuestaria de 2023. "Este es un debate que no aporta a la ciudad", finalizó.

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