El cadáver de Brigith Tituaña fue encontrado envuelto en ramas y cubierto de desperdicios en el río San Pedro, en Sangolquí, al oriente de Quito. Sucedió en abril del año pasado, durante la pandemia. Su pareja habría confesado el crimen. Y está en prisión.

Ayer, nueve meses después, empezó la audiencia de juzgamiento del caso. Varias fundaciones de derechos humanos se congregaron en las afueras del Complejo Judicial Quitumbe, sur de la ciudad, para exigir justicia y que le den la pena máxima a Wilmer Quisilema.

Carla Espín, representante de la organización Luna Roja, pidió que encarcelen 34 años al presunto responsable. Esta es la mayor sentencia que se puede dar a una persona por el delito de femicidio, según la legislación ecuatoriana.

Espín añadió que existen pruebas sustanciales para que las autoridades cumplan con esa pena. “El acusado confesó que fue el asesino de Brigith y luego dio otra versión. La jueza debe tomar la primera como la real”, manifestó.

Cerca de ella había un grupo de personas con un cartel que decía: “¿Cuál es el juicio de Dios?”. Eran familiares y vecinos de Quisilema, quienes defendían que el joven, de 22 años, es inocente.

Ángela Chota, su tía, aseguró que a su sobrino “le obligaron a declarar”. “Los policías lo golpearon”, argumentó. La parienta también dijo que no deberían juzgarlo sin antes verificar todas las pruebas.

Un niño de cinco años y una niña de tres quedaron en la orfandad. Actualmente la madre de Tituaña es quien está a cargo de los menores de edad.

Según las cifras que maneja Luna Roja, durante el 2020 se registraron más de 100 femicidios en el país. Hasta el cierre de esta edición, no culminaba la audiencia de juzgamiento en el caso de Tituaña.