Hablar de La Mariscal, desde hace algunos años, es hacer referencia a una zona que poco a poco ha perdido su brillo turístico, seguridad y atractivo que enganchaba a propios y extraños para recorrerla a cualquier hora del día.

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Según Francisco Hernández, un antiguo residente del lugar, la presencia de vendedores de droga en las esquinas, indigentes arrumados en los accesos a los edificios antiguos y remodelados, así como el abandono de algunos locales comerciales tras la pandemia, han sido los detonantes para acentuar el problema de inseguridad en este espacio situado en el centro norte de Quito.

Pero más allá de caer en la queja o lamentación, Jorge Santtori, propietario de un café libro que llegó a este sitio hace cuatro meses, dice que decidieron empoderarse de sus espacios, recuperarlos y despojarlos de todo aquello que represente amenazas.

Santtori es uno de los promotores de un proyecto piloto que inició la comunidad de este lugar. Imprimieron carteles, pancartas gigantes y las colocaron en los establecimientos comerciales y esquinas donde más se comercializa diferentes tipos de alcaloides.

A más de la reprenda que se hace a los microtraficantes de la zona, existe una frase que resalta sobre un papel pegado en un vitral: “¡No les tenemos miedo! Defenderemos el futuro de nuestros hijos, aunque nos cueste la vida”.

Otro tipo de mensaje, en una pancarta más grande y vistosa dispuesta sobre otra esquina de la avenida Amazonas, se lee: “Desde hace varios años en esta esquina se vende drogas todos los días y a toda hora (...). Pedimos a las autoridades que esta situación termine”.

“Desde la Joaquín Pinto y avenida Amazonas, en dirección a la avenida Colón, esta situación ha sido así por años. Ahora estamos organizados como barrio, principalmente en las cuatro esquinas que son las más conflictivas. Queremos recuperar nuestros negocios e incluso hemos disuadido a los microexpendedores con palos y hasta con puños”, cuenta Santtori.

Otro propietario de negocio, quien prefirió mantener en reserva su identidad, ya que desde hace cuatro meses han tenido que lidiar con las represalias de los presuntos expendedores de la zona, dice que buscan reactivar el barrio, recuperarlo, pero para eso necesitan el apoyo del Municipio para que les den facilidades para poner sillas, mesas en la vereda, con la finalidad de atraer más clientes y de paso apoyarse en el patrullaje continuo que hace la policía.

“No necesitamos que vengan a hacer desde el Municipio esas ferias de seguridad, bailes y otras cosas. Los delincuentes por eso no se van a ir. Necesitamos acciones serias y radicales. Hemos conversado entre todos y llegamos a la conclusión que tendremos que hacer brigadas para recorrer los puntos difíciles, pero también necesitamos un destacamento policial o militar como apoyo porque las UPC no sirven. No nos dan el auxilio cuando se les llama”, añade.

Este medio de comunicación se contactó con la Policía Nacional para conocer el trabajo preventivo que llevan adelante ante la problemática expuesta, pero en el cierre de la edición se indicó que ya contaban con la información, pero no podían entregarla sin enviar un oficio.

EXTRA también consultó a la secretaría de Inclusión Social del Municipio de Quito sobre las personas que viven en situación de calle en esta zona y el trabajo que se realiza para brindarles ayuda, considerando que muchos pernoctan en diferentes espacios.

Hasta agosto de este año, a través del Patronato San José, se ha atendido a 6.024 personas de calle y a partir de un estudio realizado en 2022 se determinó que el 75% de estas personas consumen sustancias psicoactivas. Los principales medios de subsistencia se reparten así: 37% mendicidad, 28% reciclaje formal o informal, 11% cuida carros, 11% venta ambulante, 13% malabares, limpiaparabrisas y finalmente otros.

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