El edificio donde estuvo por última vez con vida María Belén Bernal será demolido. Se lo conoce como Castillo de Grayskull, en la jerga de quienes aspiran a ser policías en la Escuela Superior de Pomasqui, norte de Quito.

Aunque esa decisión, tomada por el presidente Guillermo Lasso tras la designación de Juan Zapata como ministro del Interior, no aplaca las dudas sobre el femicidio y el lugar donde fue hallado el cuerpo de la abogada: el cerro Casitagua, señalado como un supuesto cementerio clandestino.

Con el crimen de Bernal, esta teoría que cobró fuerza en los 90 surgió nuevamente. En aquella década, Hugo España, ex agente de Policía e implicado en la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo (enero de 1988), afirmó lo que se dice del Casitagua.

“En la parte de arriba de la montaña hay un cementerio. Es la única que queda cerca de la escuela” confirmó España en un video que circula otra vez.

Supuestamente allí se enterraban los cuerpos de los investigados por el desaparecido escuadrón del Servicio de Investigación Criminal (SIC). Y, al tener esas aseveraciones, se ha pedido que esto se indague durante mucho tiempo.

Lo ha hecho Alexis Ponce, activista por los Derechos Humanos, quien dijo a EXTRA que realizó una protesta el 2 de septiembre de 1996 para exigir que se investigara al cerro. “Allí se echaban los restos de cientos de personas asesinadas para los entrenamientos de las unidades secretas de la Policía especial”, reiteró Ponce.

DEBIERON BUSCAR AHÍ

Y los vecinos que están cerca del Casitagua no han sido ajenos a esta teoría. Cuando se conoció del caso de Bernal, ellos fueron los primeros en difundir que se debió ‘barrer’ el cerro para dar con ella.

“¿Y, ya ve? Ahí mismo encontraron a la chica. Nosotros no preguntamos de más, porque hasta los drones policiales acechan nuestra privacidad”, aseveró una moradora que no quiso identificarse por miedo a represalias.

Incluso, días antes de que se confirmara la desaparición de la jurisconsulta, los vecinos oyeron que los perros aullaban. Cuando eso ocurre, la gente considera que alguien va a morir, lo que se confirmaría días después.

SE ABREN HERIDAS

En torno a si el Casitagua es o no un cementerio clandestino, María Fernanda Restrepo, hermana de los dos jóvenes desaparecidos en los ochenta, dijo que sí saltó esa teoría cuando España habló sobre el caso de los chicos. Sin embargo, en las investigaciones esas declaraciones no tuvieron mayor importancia.

Lo que sí detalló Restrepo fue que el caso de Bernal ha revivido en la familia “las memorias dolorosas de frustración, encubrimiento, falso espíritu de cuerpo y complicidad”.

No se atrevió a determinar si el hecho de que el femicidio se haya cometido en la Policía lo convierta en un crimen de Estado. “Tiene responsabilidad. El principal sospechoso es un policía y otros policías se hicieron los tontos o siguieron órdenes superiores”, agregó, al referirse a Germán Cáceres, teniente que está prófugo por este caso.

Agregó que la imagen de la institución está desgastada desde hace décadas porque no se ha llegado a la verdad con el caso de sus hermanos. “Hasta ahora no están juzgados todos los culpables y no se sabe dónde están los cuerpos”.

Aquel caso resultó emblemático para el país, según Fernanda, por crear montajes, investigaciones y deshacer las evidencias. “En el caso de María Belén también ha habido negligencia empezando por dejar fugar al principal implicado”, finalizó Restrepo. 

MENOS SIMBOLISMO, MÁS ACCIÓN

Pese a los despidos en las altas esferas policiales, al cambio de ministro del Interior y a la decisión de demoler Grayskull, Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, sigue desesperada por encontrar la verdad.

Se sintió indignada porque, según ella, eso no ayudará a responsabilizar a todos los cómplices y encubridores del crimen. Otavalo aseguró que lo único que pretenden hacer las autoridades es mostrar a la opinión pública que el caso se estaría resolviendo, pero no es así. “La verdad no se sabe todavía. Necesito respuestas y no escenas mediáticas”.

Ante la designación de Zapata como nuevo ministro del Interior, la mujer consideró que no es la decisión correcta al saber que los involucrados son uniformados de la misma institución. “La Policía mató a mi hija. La Policía me mintió y que ellos investiguen, es algo absurdo”.

Añadió que tuvo un inconveniente cuando trató de llegar a Zapata mientras este era director del ECU-911. Durante los días de búsqueda de su hija, ella solicitó ayuda a dicha entidad para que le facilitaran las grabaciones de las cámaras de algunos sectores, pero no pudo obtenerlas. Pidió hablar con la máxima autoridad y le negaron.

Su abogado Gonzalo Matovelle señaló que esperan los resultados de unas pericias que mandaron a realizar con base a la autopsia de Bernal. “Lo más importante ahora es ubicar a Cáceres y no hemos recibido noticias de la Policía”.

Matovelle recalcó que la versión que dio el implicado a la Fiscalía no tiene asidero. El teniente fugitivo tiene difusión azul. Esto implica que puede ser buscado sin tener una sentencia ejecutoriada. 

LA ASAMBLEA 'METE MANO'

Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, emitió un oficio, la mañana de ayer, solicitando al presidente de la República, Guillermo Lasso, que se convoque a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.

El objetivo de esta reunión, según el funcionario, es evaluar todas las acciones para enfrentar los hechos de inseguridad y violencia que afectan al país, entre ellos el asesinato de la abogada María Belén Bernal.

En este contexto, dentro de los primeros asuntos en la agenda de la Asamblea, luego de un receso que inició el pasado 12 de septiembre, para este 27 de septiembre se tiene prevista la comparecencia de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén.

También fueron convocados al Pleno el exministro del Interior, Patricio Carrillo; el comandante General de la Policía, Fausto Salinas; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez;la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y la fiscal General del Estado, Diana Salazar.