Cuando Peter Tejada estaba a puertas de divorciarse de su pareja, fue acusado por violencia intrafamiliar. Pero en el proceso no fue inculpado por aquello. Sin embargo, una orden judicial le ordenó asistir a rehabilitación para cambiar ciertos patrones de conducta que no eran los adecuados.

Llegó al ‘Club de hombres por el buen trato’, un proyecto del Patronato Municipal San José en Quito, que atiende a hombres violentos que buscan rehabilitarse. En un primer momento, Peter asistió por “cumplir”. Después descubrió herramientas que le han ayudado a gestionar mejor sus emociones, evitar el conflicto y vivir en armonía.

Desde que ha asistido a estos encuentros reconoce con claridad muestras de machismo que antes no podía ver. Ahora sabe que tanto los hombres como las mujeres tienen derechos y obligaciones.

Desde 2010, el club ha recibido a 600 hombres por violencia en contra de sus parejas, de familiares lejanos, de hijos y de colegas de trabajo. Uno de los objetivos es modificar los comportamientos violentos y generar formas de relacionamiento con la sociedad.

Roberto Moncayo, coordinador del Centro de Apoyo ‘Las Tres Manuelas’, donde se ejecuta esta iniciativa, explica que el taller consta de 20 horas. Se abordan temas como la historia de vida personal, la identidad masculina, los estereotipos, las causas de la violencia, la sexualidad y la autoestima, formas alternativas de resolución de conflictos y el fortalecimiento de relaciones sanas.

Según Moncayo, en la mayoría de casos hay algo en común: los agresores sufrieron violencia desde su infancia. “Es posible rehabilitar a un agresor cuando hacemos un proceso de introspección y reflexión. El 80 % de personas que han pasado por aquí sí han logrado un cambio en sus vidas”.

El costo

Este es el cuarto año que Peter vive solo. Pero ahora ha mejorado la relación con sus dos hijos. Si hay algo que le molesta, antes de accionar de forma no adecuada, reflexiona y se expresa.

“Los hombres sufrimos, pero no lo exteriorizamos. En los talleres te das cuenta de que hay algo en común entre nosotros y es esa falta de espacios donde podamos expresarnos y mostrar nuestra vulnerabilidad”.

Según el estudio, el costo-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador (2020), de la Universidad San Martín de Porres (Perú), PreviMujer y el GIZ, la violencia de género le cuesta 4.608 millones de dólares al Ecuador (el 4,28 % del Producto Interno Bruto).

De estos costos, el 49,9 % son asumidos por las mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos, el 38,8 % por las empresas medianas y grandes y solo el 11,3 % por el Estado.

Solución con lupa

Y Valeria (nombre protegido) forma parte de esta estadística. Su expareja la golpeaba tanto que le fracturó dos dedos de sus manos y en la cara tenía las huellas de la violencia. Ella renunció a su trabajo para que sus compañeros no la vieran. Aun así, costeó la cita con doctores y medicina.

La prevención

Pero Valeria no solo puso de su bolsillo para su curación. Ella gastó más de 600 dólares en un abogado particular que gestionara los trámites del divorcio y la demanda por violencia intrafamiliar. “Viví un calvario. Aunque hayan pasado tres años, aún tengo temor de encontrarlo y que me pueda lastimar. He pensado en ir al psicólogo, pero no tengo dinero para invertir en eso”, se lamenta.

Arístides Vara, autor del mencionado estudio, afirma que la violencia en contra de las mujeres en el mundo causa impactos económicos y sociales mayores a otros tipos de violencia como la guerra, el terrorismo y la delincuencia común.

Para el especialista, la prevención es urgente. Según otro de sus estudios, los costos gubernamentales directos de la violencia contra las mujeres en Ecuador (2019), el Gobierno gasta más dinero para atender víctimas, pagar policías y perseguir al agresor. “Más cuesta mantener a un agresor en la cárcel que prevenir que una mujer sufra violencia”, señala.

El estudio indica que las instituciones del Estado invirtieron 76,2 millones de dólares en prevención y atención de violencia contra las mujeres en 2017. La mayoría de los gastos provienen del sector de justicia (41,8 millones de dólares), seguido de salud (19,7 millones), y de educación (14,2 millones).

Sin embargo, en tareas de prevención solo se invirtió el 1,73 % del total en áreas como salud (529.000 dólares), justicia (267.000 dólares) y educación (11.000 dólares).

Para Sybel Martínez, activista en Derechos Humanos, la atención a la mujer desde el Gobierno actual ha sido precaria y con promesas incumplidas. “Para la implementación de la Ley de Prevención de Violencia se destinaron  3 millones de dólares, pero una ejecución presupuestaria de máximo el 5 %. Eso implica que hay negligencia”, cuestiona.

En cuanto a prevención. Christin Schulze, asesora junior del programa PreviMujer, asegura que es importante trabajar en edades tempranas, en la casa y en el sistema educativo. Desde su organización fortalecen mensajes en las niñas y en adolescentes, explican sobre la violencia.

Schulze cree que la violencia está tan enraizada en la sociedad que se trataría de un problema de salud pública. Por ello, insiste en romper con los mitos de callar o no denunciar cuando se presencia violencia o se es parte de ella. “No olvidemos que atestiguarla contra las madres y mujeres es tan dañino como experimentarla”, puntualiza.