“Yo les mostraba las cámaras a los policías, pero ellos comenzaron a revisar todos los movimientos. De repente, salieron corriendo. Yo grité: ‘¿Por qué se van?’ y escuché que recibían varios llamados. Llegaron muchos policías, motos, patrulleros… era un montón”, relató Miriam Díaz, hermana de Édison Antonio Díaz Rodríguez, el ciudadano que fue abatido la noche del domingo por la Policía.

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Héctor Gerardo Díaz, de 74 años y padre de Édison, también expresó su dolor y confusión: “Él era el tercero de cuatro hermanos. No sé qué pasó exactamente, pero sé la verdad y la defenderé. Mi hijo no se quedó porque tenía miedo.”

Este caso ha reabierto el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la urgente necesidad de establecer controles independientes que eviten que sucesos como este se repitan.

Sepultado en Guayaquil

Los restos del guayaquileño fueron finalmente sepultados la tarde del miércoles 23 de julio en el Cementerio General. Antes, familiares y amigos realizaron un plantón en los exteriores de la Audiencia de Vigilancia del Distrito Sur. 

Sin embargo, su cuerpo fue sometido a una segunda autopsia que busca esclarecer con precisión cómo ingresaron los proyectiles. Édison Antonio tenía 44 años, deja tres hijos y era empresario dueño de una empresa dedicada a la realización de material audiovisual y decoración para eventos.

El abogado Héctor Vanegas, representante legal de la familia, denunció que Édison fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de la Policía Nacional. Según Vanegas, existen pruebas contundentes que desmontan la versión oficial y evidencian un uso desmedido y criminal de la fuerza.

“El testigo es pleno y los hechos no pueden cambiarse. No es cierto que él ya venía moribundo y perdió el control del vehículo, que luego se estrelló contra una casa. Aquí están los dos autos: este es el de la víctima, que se detiene justo al pie de la casa, y este es el de la Policía”, explicó Vanegas, apoyándose en material audiovisual que respalda sus afirmaciones.

Según su relato, Édison Díaz frenó intencionadamente para evitar impactar contra la patrulla. “El hecho de que frenó demuestra que estaba vivo. Si hubiera estado gravemente herido, no habría podido hacerlo. Y aquí comienza lo más grave: rodeado por los policías y vencido, en lugar de ser detenido o sacado del vehículo, comenzaron a dispararle a quemarropa. Eso no es uso legítimo de la fuerza, eso es ejecución”, denunció.

Vanegas informó que, tras reunirse con el fiscal provincial junto a la familia, se logró que el caso sea asumido por un fiscal especializado en delitos cometidos por agentes del Estado, ya que “este tipo de delitos no pueden ser investigados por un fiscal común”. Recordó que desde 2014, la ejecución extrajudicial está tipificada en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El abogado también recordó que no es el primer caso en el que policías han sido condenados por ejecuciones similares, citando precedentes como los casos Solores o Fybeca. “Todos estamos de acuerdo en que la Policía debe cumplir su función y detener a delincuentes, pero jamás puede convertirse en juez, fiscal y verdugo. Eso no puede permitirse en una democracia”.

Segunda autopsia y búsqueda de justicia

La defensa solicitó y obtuvo una segunda autopsia, ante las inconsistencias detectadas en el primer examen forense. 

“Queremos precisar la trayectoria de los disparos, si fueron a quemarropa, qué tipo de armas se usaron y si hubo disparos a distancia. Tenemos información preliminar que indica que al menos 80 balas impactaron el vehículo. Lo cosieron a tiros. ¿Era necesario actuar con esa brutalidad? Definitivamente no”, expresó Vanegas con indignación.

La familia aún no ha recibido copia de la primera autopsia y denuncia que, inicialmente, la denuncia fue presentada ante un fiscal sin competencia en el tema, situación que ya fue corregida.

Un llamado a la verdad

Vanegas anunció que entregarán a la Fiscalía y a los medios registros audiovisuales que vecinos grabaron durante los hechos. 

“Invitamos a quienes tengan videos a entregarlos. Ya contamos con material bajo cadena de custodia y exigiremos que se valore toda la evidencia. Las imágenes muestran claramente que Díaz no representaba ninguna amenaza cuando fue abatido.”

Dirigiéndose al ministro del Interior, Vanegas pidió que “así como se publican los nombres de jueces y delincuentes en redes sociales, se publiquen también los nombres de los policías que, abusando de su uniforme, mataron a un inocente. ¿Quiénes son los responsables?”

Finalmente, subrayó que el caso no prescribe, ya que se trata de un crimen de lesa humanidad: “Este delito es imprescriptible, el tiempo no lo borrará. Llevaremos este proceso hasta las últimas consecuencias. Esta familia merece justicia y el país merece la verdad".

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