Los exasambleístas Santiago Díaz y Pablo Muentes fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, tras una alerta que advertía riesgos contra sus vidas en la Cárcel 4 de Quito.

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Traslado para salvaguardar sus vidas 

El 5 de agosto del 2025, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), trasladó a los exasambleístas Santiago Díaz y Pablo Muentes desde la Cárcel 4 de Quito al centro de máxima seguridad La Roca, ubicado en Guayaquil. 

Esta medida se ejecutó tras una alerta emitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que advertía sobre riesgos inminentes contra la vida de ambos detenidos de alto perfil.

¿Ya no es segura la cárcel 4?

El informe del CNI señalaba que, la presencia de internos con perfiles delictivos peligrosos en la Cárcel 4 ponía en peligro la integridad de los exlegisladores. 

Por esta razón, se recomendó su reubicación urgente a un penal con mayores medidas de seguridad, y el SNAI explicó que el traslado fue una acción preventiva para evitar posibles ataques en su contra.

Díaz y su hábeas corpus 

Antes del traslado, Santiago Díaz intentó evitarlo a través de un recurso de hábeas corpus, argumentando que la jueza Paola Olalla había ordenado que su prisión preventiva se cumpliera en Quito. 

Su defensa también alegó problemas de salud, incluyendo una enfermedad cardíaca provocada por un infarto sufrido hace dos años; sin embargo, el tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó su petición.

Muentes no se quedó atrás... 

Para la sorpresa de nadie, Pablo Muentes por su parte, presentó un hábeas corpus correctivo. La audiencia para tratar su solicitud fue agendada para el 7 de agosto en la Corte Nacional de Justicia. 

Al igual que Díaz, su defensa argumentó condiciones especiales que justificarían su permanencia en otro centro penitenciario, ya que ha tenido varios problemas de salud que le imposibilitaban su traslado a La Roca. 

Juicios graves por parte de ambos exlegisladores 

Santiago Díaz, quien fue expulsado del bloque de la Revolución Ciudadana (RC 5), está detenido desde el 22 de julio de 2025 por una acusación de presunta violación a una menor de 12 años. Su defensa ha intentado frenar medidas judiciales alegando razones de salud.

En el caso de Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), cumple una sentencia de 13 años y 4 meses por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Purga. Las investigaciones lo vinculan con una red de corrupción en el sistema judicial, en la cual habría tenido un papel central.

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